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Seis meses había dado en junio el Parlamento de Cantabria al Gobierno autonómico para que procediera de una vez por todas a la constitución del Consejo Económico y Social (CES), un órgano meramente consultivo pero que había desatado una profunda disputa entre diversos agentes sociales ... y organizaciones empresariales de la Comunidad. De entrada, UGT y CC OO se oponían a la «sobrerrepresentación» del sindicato USO, mientras que CEOE-Cepyme tampoco acababa de aceptar que el grupo cuarto del Consejo integrase a otras entidades como ATA, la Asociación de Mujeres Empresarias o la Cámara de Comercio. Finalmente, el Ejecutivo convocará el arranque del órgano a lo largo de este mes, cumpliendo así el mandato de la Cámara regional.
Así se lo ha trasladado en los últimos días a varios de los interesados en el proceso, por lo que en principio la Consejería de Presidencia asumirá la directriz parlamentaria con la configuración alumbrada desde el antiguo Hospital San Rafael. Esto es, un Grupo IV con diferentes entidades representativas de la sociedad donde entrarán USO y las citadas organizaciones empresariales, frente a los grupos clásicos donde aparecerán la patronal y los sindicatos UGT y CC OO.
PASOS
El Ejecutivo regional se enfrentaba a una encrucijada en absoluto baladí. Demorar por más tiempo la orden del Legislativo podía llevar a los responsables de la Administración regional sobre los que recae el asunto a los tribunales por presunta prevaricación, según reconocen varias fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Así, de hecho, se lo recordó el sindicato USO en un escrito registrado el pasado octubre en el que instaba a la «inminente constitución» del CES.
En aquella notificación, rubricada por la secretaria general del sindicato, Mercedes Martínez, se ponía el foco en la actitud gubernamental, «incumpliéndose reiteradamente la legislación vigente y vetándose con ello el funcionamiento de un órgano de participación ciudadana, sin que exista motivación legal alguna. Es por lo que nos vemos obligados a solicitar el cumplimiento de la legalidad vigente y, de no proceder a la constitución y convocatoria del mismo, a iniciar todas las actuaciones jurídicas existentes para la consecución de este fin».
POLÉMICA
La amenaza de los tribunales estaba encima de la mesa, puesto que USO advertía de su intención de «instar todas las actuaciones jurídicas tendentes a restablecer la legalidad vigente, así como a depurar las responsabilidades inherentes a dicho incumplimiento, incluidas las penales».
Ante este contexto, está previsto que el primer movimiento sea la confirmación del nombramiento de la nueva presidenta del Consejo, la abogada Carmen Sánchez Morán, anuncio que está previsto para la semana próxima en el propio Parlamento de Cantabria.
En teoría el arranque oficial tendrá lugar unos días después. Habrá que ver la decisión que adoptan finalmente UGT y CC OO, cuyos recursos ha tenido que resolver el Gobierno en las últimas semanas. También la CEOE, aunque su oposición ha sido más tibia y, sobre todo, más discreta durante este tiempo.
Presidencia ha dudado hasta el último momento sobre cómo proceder. Como ejemplo, planteaba llevar el asunto de nuevo al Parlamento y proponía excluir a USO para allanar el camino. La amenaza penal parece haber variado el guión.
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