El Gobierno cree que la fusión de Liberbank no repercutirá en el empleo en Cantabria

Los recortes de plantilla que se han venido practicando en Cantabria en los últimos años «ya no dan para más», según los representantes sindicales, y el hecho de que no se solapen las oficinas de Liberbank existentes en la comunidad autónoma con las de Unicaja, ubicadas sobre todo en Andalucía y Castilla y León, hacen prever que no vaya a afectar al empleo, una de las demandas del Gobierno cántabro, sindicatos y partidos políticos.

Para el Ejecutivo cántabro, la posible fusión «no va a tener apenas incidencia» en Cantabria, «dada la escasa presencia de Unicaja en nuestra comunidad autónoma». Desde la Consejería de Economía que preside Juan José Sota se indicó que de esta forma «no es de temer que se produzcan significativas reducciones de personal», lo que tranquiliza al Ejecutivo cántabro. Algo que no ocurrirá a nivel estatal donde la fusión «puede suponer una reducción de unos 2.000 empleados».

El Gobierno regional estima que «será positiva» la integración de ambas entidades «para fortalecer el mapa bancario español» y así se reflejó en los mercados bursátiles tras conocerse los planes de fusión. En lo que sí confía la Consejería de Economía es en que la nueva entidad fusionada «mantenga el trato preferencial con Cantabria que ha venido demostrando» Liberbank desde su creación.

Unicaja es fuerte en Andalucía, su comunidad de origen, y Castilla y León, fruto de la absorción de Caja España-Duero. Liberbank concentra su fortaleza en la cornisa cantábrica, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde absorbió Caja Castilla-La Mancha (CCM).

Pedro Damalia, responsable de banca de UGT de Cantabria, se queja del hermetismo que hay de la operación que no se ha comunicado a los sindicatos aunque sí se ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «Nosotros defenderemos los puestos de trabajo», afirmó el sindicalista a este periódico, aunque en el caso de Cantabria «ya no puede haber más recortes». Y si hay alguna baja «que sea voluntaria». Damalia indicó que en diez años la plantilla en la región se ha reducido un 60% y recuerda los tiempos en los que Caja Cantabria contaba con 1.100 empleados. Además «es una plantilla envejecida, los más jóvenes tienen 40 años» porque no se han reemplazado los efectivos.

El responsable de banca de UGT fue muy crítico con los recortes de plantilla aplicados por el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, y espera que con la fusión la política laboral del futuro banco mejore. Como lado bueno, señaló que las oficinas de ambas entidades financieras «no se solapan» en Cantabria. En Santander existe una delegación de Unicaja en la calle Juan de Herrera donde trabajan seis personas.

La federación sindical FINE (Fuerza, Independencia y Empleo), que agrupa a la sección de Csica y otras organizaciones del sector financiero, coincide con las críticas a la política laboral aplicada por Menéndez al frente de Liberbank. Manuel García, delegado sindical en Liberbank, apuntó que en Cantabria «ya han hecho un ejercicio de adelgazamiento de la plantilla, ya no se puede exprimir más». Donde existe más riesgo, dijo, es en los servicios centrales cuya plantilla en Santander la componen 58 personas. La federación se opondrá a «la desaparición de puestos de trabajo y a la movilidad geográfica».

Los partidos políticos cántabros acogieron de forma dispar la posible operación. El Partido Popular ponderó que supondrá crear el sexto mayor banco de España y para la Fundación Caja Cantabria «podría ser bueno pasar al accionariado de una entidad más grande y más rentable». Las dudas proceden de cómo afectará al personal, según indicó la secretaria autonómica del PP, María José González.

El PRC mostró cautela ya que «cada vez que se anuncia la fusión de dos entidades bancarias supone una reestructuración de la plantilla, algo que nos preocupa», precisó el portavoz Pedro Hernando .

Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos, opinó que «es necesario que se revise la operación para que los clientes de ambas entidades no salgan perjudicados».

La mayor critica procedió de Podemos. Su secretaria general, Rosana Alonso, estimó que saldrán perjudicados los clientes con una fusión que calificó de «oligopolio financiero».