El Gobierno estudia la prórroga a una fábrica de cloro en Suecia antes de decidir sobre Solvay

El Ejecutivo se encuentra atado de pies y manos por los dos informes emitidos por la Dirección Juridica del Gobierno, contrarios a que la multinacional pueda seguir utilizando la tecnología de mercurio, altamente contaminante, para producir cloro durante dos años más, desafiando así a la Unión Europea, que ha obligado a acabar con esta práctica a más tardar el próximo 11 de diciembre.

De su decisión dependen los 40 trabajadores que operan directamente en la producción de cloro y otros 60 empleos indirectos. La prórroga es también requisitivo ineludible para que la multinacional portuguesa CUF mantenga su compromiso de compra sobre la planta de cloro y las futuras inversiones, superiores a los 50 millones de euros. «Si no hay moratoria, CUF no hace negocio. Nos lo han dicho por activa y por pasiva», reiteró ayer Luis Hervella, portavoz de la química a este periódico.

Por eso, el Gobierno se ha agarrado como a un clavo ardiendo a la prórroga concedida por la Unión Europea a la empresa Inovyn, inmersa también en el proceso de conversión de la producción de cloro con células de mercurio en la fábrica de Stenungsund (Suecia) a la tecnología de membranas.

Fue Solvay quien puso este caso sobre la mesa en la reunión celebrada en la sede del Gobierno regional. Según Hervella, la multinacional belga instalada en Barrera tuvo conocimiento la semana pasada de que la Unión Europea ha concedido una moratoria a Inovyn, que dispondrá «hasta mayo de 2018» para realizar la conversión de sus instalaciones en Suecia para producir cloro con una tecnología menos contaminante. Inovyn era una 'joint ventur' creada en 2015 por Solvay e Ineos para unir las fortalezas de ambas empresas y abrir la fábrica de Martorell (Barcelona), pero hace un año Solvay vendió su participación y en la actualidad pertenece al cien por cien a la multinacional Ineos.

El Ejecutivo, representado en la reunión por el presidente Revilla y la consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y su equipo, ha solicitado a la empresa que le amplíe esa información para comprobar «si es verdad que se están dando prórrogas en Europa y España es el único país europeo donde no se conceden».

Así que Solvay presentará un oficio esta misma semana con toda la documentación para incorporarla al expediente abierto en Medio Ambiente, que debe dilucir si finalmente se hace una excepción con la planta de Barreda para seguir utilizando mercurio en la producción de cloro. Es el último cartucho que le queda al Gobierno cántabro en la recámara para intentar que se modifiquen los informes jurídicos.

La cuestión no será sencilla. Solvay ha incorporado ya al expediente hasta cinco casos de plantas de cloro (situadas en Bélgica, Alemania, Francia e Italia), a las que la Unión Europea aplicó la moratoria, casos que los servicios jurídicos del Gobierno han despreciado porque se trata de excepciones hechas con anterioridad al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el mercurio, que «impone taxativamente la retirada de celdas de mercurio en la industria del cloro álcali» y reafirma el 11 de diciembre de 2017 como la fecha para que las empresas del sector cumplan con la prohibición del uso del mercurio como electrodo.

Por eso concluyen que esas autorizaciones de otros países europeos no se dictaron bajo el marco normativo actual, razón por la que «no sirven como precedente». Pero si la nueva moratoria invocada por Solvay ayer fue concedida con posterioridad al reglamento europeo, el Gobierno tiene la esperanza de que los servicios jurídicos cambien su criterio. De ahí que Revilla, de manera circunspecta, dijera que se están buscando otras fórmulas. «Está todo en el aire. Hay informes jurídicos de todo tipo y razones jurídicas de mucho peso para conceder la prórroga, pero el Gobierno tiene que adoptar una decisión, que es lo suficientemente importante como para no tomarla a la ligera», subraya Hervella, consciente de que el asunto terminará en los tribunales.