El Gobierno y el Grupo Vela acaban en los tribunales por la crisis de Fundinorte

En concreto, Sodercán está citada en el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santander a un acto de conciliación como paso previo a una demanda interpuesta por el Grupo Vela ante la negativa de la Administración a liberar cerca de un millón de euros depositados en avales por los dueños de Fundinorte. El dinero público comprometido en esta nueva etapa de la fábrica de San Felices alcanza los 3,3 millones, transferidos tanto desde la propia Sodercán como desde el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF).

El Gobierno, que considera «estratégico» el proyecto, ya conocía desde marzo de boca de los propios empresarios que no estaban dispuestos a poner un euro más en la factoría salvo que la Administración volviera a participar. De ahí aquella oferta adicional de otros 352.000 euros siempre y cuando el Grupo Vela suscribiera tres compromisos firmes que pasaban por regularizar las deudas vencidas e impagadas generadas durante el presente año (estimadas en algo más de 600.000 euros sólo hasta marzo); presentar un plan industrial que permita alcanzar una producción de al menos 400 toneladas al mes; y exhibir un plan comercial que acredite el ritmo de recuperación de clientes en base a pedidos en firme. Todo ello, además, después de la necesidad de encargar diversos informes técnicos que avalasen la viabilidad de la propuesta o que confirmaran las desviaciones temidas desde el Ejecutivo.

Este martes hubo reunión del Consejo de Sodercán para informar del estado actual de la situación, que no presenta grandes novedades más allá de la ausencia de comunicación entre los gestores públicos y los dueños. De hecho, al ente autonómico ha llegado la noticia de que Fundinorte pueda encontrarse en preconcurso reservado desde el pasado mes de abril, algo que no se habría comunicado al Gobierno. Por ello, se ha procedido a requerir información a la propiedad a través de un burofax.

El Grupo Vela ya informó días atrás a la plantilla de que actualmente se halla a la búsqueda de algún socio inversor para continuar con la actividad de Fundinorte, algo que en principio llevaría algún tiempo y no permitiría lograr avances significativos al menos hasta después del verano.

El miércoles el personal salía públicamente a pedir una reunión con Sodercán y los empresarios con objeto de conocer cuál es la situación real. Desde la empresa pública la tranquilidad es la nota predominante al entender que todas sus actuaciones en este proyecto están documentadas y que se ha actuado con total «transparencia» y mandatada por los acuerdos del Consejo de Gobierno.

A más, las mismas fuentes recuerdan que quien vendió la unidad productiva de Greyco al Grupo Vela fue la Administración Concursal y, por tanto, el asunto es una «negociación de empresa» donde el Gabinete PRC-PSOE lo que ha hecho ha sido respaldar en la medida de lo posible la reapertura del complejo.

De hecho, el Ejecutivo no esconde su sorpresa ante el acto de conciliación de hoy ya que se entiende que si alguien no ha cumplido con los compromisos adquiridos ha sido precisamente la parte empresarial.

Los dueños solicitaron meses atrás la conversión en un préstamo participativo de las dos cuentas en participación existentes, algo aceptado por el Consejo de Sodercán, aunque se estaba a la espera de determinar el importe del principal en función de los resultados del ejercicio 2017, detrayéndose de dicha suma el 35% de las pérdidas.

Fundinorte envió a Sodercán a mediados de abril las cuentas del año pasado y el pertinente informe de auditoría, por lo que se procedió a calcular la mencionada conversión de la cuenta de participación en préstamo por importe total de 652.361,99 euros, con el 65% para los empresarios y el 35% para la firma pública. Días después la operación fue ratificada por el Consejo de Gobierno.

Las diferentes auditorías ponen de manifiesto las dificultades actuales de Fundinorte, una «empresa en crisis» pero con posibilidades de salir adelante si se siguen las recomendaciones planteadas (aumento de la producción, captación de nuevos clientes, mejora de resultados, etc...). El Gobierno sí que rechazó la posibilidad de suscribir un nuevo préstamo por importe de 1,3 millones de euros, tal y como se reclamaba desde la empresa, cuya titularidad corresponde en su totalidad a los hermanos Vela (Jesús Vela, 65%, y Martín Vela, 35%).