El Gobierno mantiene su propuesta de peajes frente al aluvión de críticas

Aseguran, eso sí, que la medida se llevará a cabo bajo el máximo consenso político y social. Incluso se estudia que los transportistas no tengan que pagar. Pero dejan claro el 'quien usa paga' y el 'quien contamina paga' regirá el futuro de la conducción. Sobre todo, porque es un compromiso adquirido con Bruselas al incluirse en el Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos.

Cándido Pérez, socio responsable de Transportes, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, explica que «el pago por la utilización de las vías de alta capacidad es un claro ejemplo de decisión de política que precisa de un profundo análisis técnico multidisciplinar para determinar los objetivos que ha de conseguir, evaluar su impacto, mitigar los potenciales efectos desfavorables y demostrar su eficacia».

Frente a la rebelión de los afectados, los ministros han salido en bloque a defender la medida. El último en hacerlo, el titular de Seguridad Social José Luis Escrivá, indicando que «hay que mantener las carreteras y parece razonable que, al menos una parte de su financiación, se consiga con los impuestos de todos y otra con quienes las usan».

Fuentes del Ejecutivo añaden que «no se trata de decidir si pagar o no, sino cuándo y cómo». Argumentan que el coste de mantener los 26.466 kilómetros de carreteras, de los que unos 12.000 son de alta capacidad, ronda los 11.000 millones de euros, y el déficit generado se acerca ya a los 8.000 millones. «Para hacerse una idea, el coste de mantenimiento de un tramo de 400 kilómetros ronda los 200 millones de euros», indican desde el Ejecutivo.

Recuerdan, además, que hasta 23 países europeos tienen tarificado el cien por cien de su red de autovías. Alemania, por ejemplo, implantó en 2018 el peaje en todas sus carreteras federales de 38.000 kilómetros de extensión. Solo Chipre, Malta, Finlandia y Estonia mantienen toda su red 'gratuita'.

En el caso español, las carreteras de peajes han pasado de 3.304 a 2.207 kilómetros (km) tras las últimas reversiones, pero el país aún concentra el 73,5% de toda la red libre en Europa, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

Sobre la mesa, el Ejecutivo estudia diversas fórmulas. Para empezar, confirman que sus estudios internos apuntan a que el coste podría ronda un céntimo por kilómetro recorrido, aunque no está nada decidido. En este caso, recorrer los 620 kilómetros entre Madrid y Barcelona tendrían un coste de 6,20 euros. Y hacer 350 kilómetros costaría 3,5 euros. Respecto al modelo a implantar, se están analizando los que predominan en los países de nuestro entorno.

Por ejemplo, en Francia cobran por distancia y tipo de vehículo. Para un viaje de Lyon a París el precio oscila desde los 34,80 euros para los coches de 'clase 1' a los 116,50 para los camiones de alto tonelaje, pasando por los 20,7 euros para las motos, según consta en las tablas de tarifas del Ejecutivo galo. En Reino Unido, el uso de las autopistas es gratuita, aunque los vehículos con matrícula extranjera sí pagan por acceder a la red y en algunos túneles y puentes (como el del Támesis) sí se aplican peajes. Y en Londres, por ejemplo, se aplica una tarifa de congestión de 11,5 libras entre semana, que es un peaje dentro de la ciudad.

El modelo al que intentaría tender España sería más parecido al de Portugal. El país vecino emplea un 'pago por uso' según la distancia y la categoría del vehículo y cobra mediante telepeaje, con lo que se reduce el coste de la instalación de barreras físicas en la red. Desde el Ministerio de José Luis Ábalos miran a este sistema de pórticos que sería similar al VIA-T que ya existe en España, con tecnología capaz de detectar el momento en el que los vehículos atraviesan dichos pórticos, sin necesidad de detenerse. Eso sí, todos los vehículos tendrían que contar con un dispositivo On Board Unit (OBU).

Para tramos más pequeños, o determinadas infraestructuras, como puentes, se podría optar por los sistemas de viñetas que funcionan en otros países como Suiza. Se trata de 'pegatinas' que son detectadas por cámaras o sensores que se basan en el tiempo, y no la distancia, de uso de la carretera. El cargo se aplica en la cuenta bancaria del titular, asociado al dispositivo.

Desde KPMG insisten en la necesidad del consenso para elegir el modelo adecuado. «La implantación de un sistema de pago por uso poco madurado y que no tiene en cuenta los potenciales efectos sobre la seguridad del tráfico, la equidad, el desarrollo equilibrado del territorio, o la viabilidad para sectores que se han demostrado esenciales durante la pandemia, deben obligarnos a analizar detenidamente el modo gradual, correctamente regulado, con un exhaustivo análisis de sensibilidad de los incentivos que se trasladan a los distintos operadores y usuarios de la infraestructura, la implantación de la medida y, en caso necesario, un sistema de bonificaciones y compensaciones que mitigue los potenciales efectos negativos sobre colectivos específicos«. »En su conjunto, el proceso debe finalizar con la consecución de un consenso político y social mayoritario que convierta la iniciativa en eficaz«, insiste Cándido Pérez desde la firma.