El Gobierno negocia con Cataluña una salida a la deuda de Forjas de Cantabria

La semana pasada la Consejería de Industria se reunió con representantes de Comforsa, entidad pública adscrita a la Generalitat de Cataluña y propietaria de Forjas hasta 2016, cuando con la mediación de Sodercán la planta ubicada en Reinosa fue traspasada a Noray. Comforsa está pagando una deuda con la Seguridad Social que data de los 90 y que también pesa sobre Forjas, hasta el punto de empujar a la liquidación.

Fue el portavoz del Grupo Regionalista en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, el que desveló los últimos movimientos, aunque no quiso abundar en el resultado de los mismos. Consultada por el Diario, Industria también declinó hacer comentarios hasta que hubiera algo factible.

En el centro del debate en la tribuna del Hemiciclo, sendas proposiciones no de ley (PNL), una del PRC y otra del PP, encaminadas a buscar un futuro a la planta y, sobre todo, a los 24 trabajadores que se mantenían hasta hace días en plantilla.

La primera PNL, relativa a solidaridad y búsqueda de soluciones, salió adelante por unanimidad. Más ampollas acarreó la segunda, del Grupo Popular, que versaba sobre «adopción de medidas para evitar que cualquier impago que pudiera producirse de la deuda que Forjas de Cantabria tiene con la Seguridad Social repercuta sobre cualquier comprador, con el fin de garantizar los puestos de trabajo». De hecho, fue rechazada por 20 votos en contra (PRC y PSOE) y 15 a favor. Una excepción significativa, el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, parlamentario regionalista, sí dio su respaldo.

Como eje, si la Administración cántabra puede avalar esa deuda o jurídicamente no es posible. En ello incidió el diputado popular Roberto Media. «Es un proyecto serio. No dejen marchar los empleos que ya están. Se puede hacer con Forjas de Cantabria», dijo.

Desde el Grupo Mixto, Cristóbal Palacio (Vox) hizo un análisis jurídico de la cuestión. Sostuvo que hay «muchas dificultades técnicas» para hallar una solución satisfactoria y afeó que «no ha habido propuestas concretas» para salvar la situación.

Por parte de Ciudadanos, Félix Álvarez reprobó que el Gobierno cántabro comprometiera dos millones en 2016 para que la planta fuera a Noray sin tener en cuenta el incidente con la Seguridad Social.

Más pesimista se mostró la socialista Noelia Cobo. Integró la crisis de Forjas en un contexto global y afirmó que la propuesta del PP «no es factible». De hecho, abogó por la «recolocación» y «recualificación» del personal.