El Gobierno tiene que pagar a Sniace más de 2,57 millones por el fallido plan eólico

En un auto remitido días atrás a las partes, y al que ha tenido acceso El Diario, la Sala estima parcialmente la pretensión ejecutiva de Sniace y Helican, considerando sujetos a compensación algunos de los conceptos incluidos en su reclamación, aunque desechando la mayoría. Igualmente, admite como abono obligado por el Ejecutivo los intereses legales de demora, aunque rechaza una actualización del IPC del principal. El fallo, que no condena a costas al erario público, no es firme. De hecho, el Gobierno de Cantabria ya ha avanzado a este periódico que recurrirá.

¿Por qué conceptos tiene que responder el Ejecutivo ante Sniace y Helican? Principalmente por dos. El primero, los costes de preparación de la oferta, que incluyen los servicios prestados por otras sociedades en labores tales como estudios de impacto ambiental y otros informes, valorados en 166.387 euros.

Por otro lado aparecen los costes de proyectos de I+D. La cuantía total no subvencionada, según la actora, ascendía a efectos de esta reclamación a 1.194.753,48 euros. A dicha cuantía deben añadirse también los costes correspondientes al personal destinado al desarrollo del proyecto, descontando los que fueron subvencionados, lo que eleva el importe a 1.803.752,65 euros. A esto se añaden otros 40.798, 96 euros de un proyecto denominado 'Eucafuel'.

114millones reclamaban Sniace y Helican en su demanda, que llegó al Tribunal Supremo

A partir de aquí, los jueces no atienden las peticiones de las empresas damnificadas (gastos notariales, gastos de gerencia y administrativos, gastos en el registro mercantil, honorarios de abogados...) que totalizaban 3,3 millones. Los demandantes aspiraban igualmente a que se incluyera una actualización del IPC, que tampoco se estima. Por contra, sí que acepta el TSJC los intereses legales de demora, que Sniace y Helican fijaban en 566.621,67 euros.

En la demanda conjunta que resolvió el Supremo, Sniace y Helican reclamaron para las dos sociedades algo más de 114 millones de euros, cantidad en la que incluían el lucro cesante por la imposibilidad de obtener los beneficios pretendidos con la instalación de los proyectos eólicos, que constituía la partida de mayor cuantía: 113.985.290 euros.

Esta es la tercera sentencia del Alto Tribunal que condena al Gobierno de Cantabria después de las que obligaron al Ejecutivo regional a resarcir a Viesgo Renovables SL y Eolican, en concepto de responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios causados por la declaración judicial de nulidad del concurso eólico del año 2009.

La única diferencia entre las tres sentencias es que la de Viesgo sí cuantificaba la indemnización en 471.557 euros, al haber reclamado la compañía únicamente las tasas que abonó para participar en el concurso.

Sniace seguirá así ingresando dinero pese a estar en proceso de liquidación y a la espera de que se presenten ofertas por la unidad productiva. La compañía lleva con este procedimiento desde febrero de 2020, cuando se vio obligada a cerrar al quedarse sin proveedor energético, y mantiene un pequeño remanente de trabajadores. La empresa obtiene ingresos por otras vías, como la venta de madera, pero la demora en la liquidación perjudica el cobro de los acreedores.