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El Gobierno de Cantabria y el Grupo Vela finalmente se verán en los tribunales por los avales depositados por la compañía en el fallido proyecto de Fundinorte. En Sodercán habían empezado las actuaciones judiciales necesarias para ejecutar las garantías presentadas en su momento por Jesvefe ... SL y Jesús Vela SL para recuperar un millón de euros de los 2,2 que el ente regional comprometió para relanzar la antigua Greyco. Sin embargo, el Ejecutivo igualmente se ha encontrado con que los dueños de la fundición radicada en San Felices de Buelna, actualmente rumbo a la liquidación, finalmente han optado por demandar igualmente a Sodercán para que sea el juzgado el que dirima cómo y cuáles deben ser las garantías que permitieron otorgar financiación del erario público al proyecto industrial.
El Grupo Vela lleva meses reclamando un cambio de fianza para no tener que hacer frente de forma personal a los fallidos y que éstos queden cubiertos con parte del equipamiento de la planta. La asesoría jurídica de Sodercán concluyó en noviembre la imposibilidad de constituir la hipoteca mobiliaria pretendida, principalmente porque Fundinorte está actualmente en concurso de acreedores, de forma que se requería una autorización judicial, escenario poco probable dada la regulación que rige este tipo de procedimientos de insolvencia. Como detalle, en un momento en que igualmente se reclamaban los intereses de los préstamos, el Gobierno dejaba constancia de la constitución de una nueva compañía por parte del avalista Jesús Vela, denominada Urbanvela SL
El Ejecutivo coligió que existía la posibilidad, «no obligación», de llevar a cabo ese reemplazo, y así se estudió a finales de 2017. No obstante, antes de la firma de la escritura emergieron ciertos interrogantes que demoraron la rúbrica, que finalmente no se llegó a concretar al entrar en situación de preconcurso la fundición a finales de abril. En consecuencia, en noviembre se propuso dar por vencido el préstamo y ejecutar las garantías frente a Jesús Vela SL y Jesfeve SL como avalistas solidarios.
Sin embargo, los empresarios han hecho un movimiento que, como poco, servirá para dilatar el proceso de cobro por parte de la Administración. El Grupo Vela ha convertido en demanda el acto de conciliación promovido en junio ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santander. Serán los tribunales quienes resuelvan el conflicto, en el que las arcas autonómicas desembolsaron 3,3 millones.
Porque el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) también apoyó la nueva aventura de la antigua Greyco con otros 1,1 millones. En este caso, sí que la garantía para cubrir la financiación es la propia factoría, aunque aún está por decidir si el Gobierno la aceptará o no.
Mientras los tribunales acogen la pugna entre empresarios y Ejecutivo, los administradores concursales continúan a la espera de encontrar algún inversor que quiera hacerse con la unidad productiva. Según avanzó este periódico a comienzos de diciembre, el principal interesado en adquirir la planta, un fondo de inversión alemán, desistió finalmente de su intención después de visitar la fábrica en noviembre. A los dos días notificó su decisión al entender que la inversión iba a ser mayor de lo esperado a tenor del estado actual de las instalaciones, así como posibles contingencias ambientales que dificultaban la puesta en marcha de la actividad.
No sólo eso. Fundinorte igualmente completó a finales de año el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda la plantilla. En total, 53 trabajadores que ya han agotado sus prestaciones al estar todo 2018 en ERTE ante la falta de actividad.
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