El Gobierno se persona como perjudicado en el procedimiento penal de Sonrionansa

El ICAF, que figura como acreedor en el concurso que pilota el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, que acaba de decretar un embargo cautelar superior al millón de euros sobre Alonso y Sainz Millán, es protagonista de algunos hechos que recoge la querella y que ya han sido marcados en rojo dentro del concurso.

El planteamiento de Rosales se detenía en lo que considera como una ampliación de capital «fraudulenta», la formalizada el 21 de diciembre de 2018. Aquí la querella se apoya en las conclusiones de los administradores concursales, que coligen «con suficiente certidumbre» que Sainz Millán y Martín Alonso emplearon prácticas irregulares para suscribir 400.000 euros de dicha ampliación, «pues los fondos para ello procedían de la propia Sonrionansa, habiendo transferido desde ésta a los anteriores un total de 508.199,79 euros. De ellos, 378.399,79 corresponderían al Instituto Europeo de Emprendimiento (pilotado por Sainz Millán) y los 129.800 restantes a Martín Alonso. Con la obtención previa de estos fondos generaron el artificio de reinyectar 400.000 euros como fórmula de ampliación de capital», 310.000 y 90.000 euros, respectivamente, señala la parte querellante.

A este respecto, los concursales sostienen que «toda esta operación se comete en fraude de acreedores porque una de las condiciones impuestas por el acreedor Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) para la formalización impuesta por importe de 700.000 euros de nominal para financiar el proyecto requería como condición previa la formalización de una ampliación de capital, por aportación dineraria de idéntico importe por parte de los socios de Sonrionansa».

Según fuentes conocedoras del proceso, aún no se ha decidido si el ICAF igualmente solicitará culpabilidad en el concurso de Sonrionansa. Todavía no se ha abierto la sección sexta ya que aún está pendiente de dirimirse la potencial aprobación del convenio de acreedores, para lo que se ha ampliado el plazo. Sonrionansa aún debe al ICAF 983.183,33 euros, tras recuperar vía avales otros 400.000.

Mientras tanto, la piscifactoría sigue en funcionamiento gestionada por los concursales, la mercantil Forensic Solutions SLP. A día de hoy permanecen en la empresa 27 trabajadores, de los cuales siete están exonerados por el juez de acudir a la planta por los incumplimientos contractuales y la necesidad de buscar otro empleo o estar de baja médica.

Los empleados siguen arrastrando deudas, de diferente cuantía. Además, con motivo del covid los operarios que siguen en nómina están regulados por un ERTE para limitar los contactos. El coronavirus precisamente golpeó fuerte a la piscifactoría y produjo una caída en las ventas de alevines, que hasta ese momento continuaban con buen ritmo pese al concurso.

Según fuentes conocedoras de la situación, la plantilla está recibiendo informaciones «contradictorias» y lamenta cierto desconocimiento del devenir de los acontecimientos. Como ejemplo, no hay representación del personal personada en el concurso de acreedores. La situación para los afectados es «agónica».