Sanidad aboga por acabar con Muface y enviar a 1,5 millones de funcionarios al modelo público

«El modelo en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un 'pool' de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso», indica el documento.

El análisis ha sido elaborado tras el rechazo de las aseguradoras privadas –DKV, Asisa y Adeslas– a seguir prestando este servicio, al considerar que la mejora del 17% en las primas planteadas por el Gobierno para los próximos dos años seguirá generando pérdidas al sector. Tras la propuesta del Ejecutivo, ninguna de las tres –ni tampoco otras aseguradoras– se presentaron a la nueva licitación, dejando el concurso completamente desierto.

Ante esa situación inédita, Sanidad considera que si la financiación que se destina a los mutualistas que optan por un seguro privado se transfiriera a la pública, el Sistema Nacional de Salud (SNS) «debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición». Es decir, sugiere que el Estado inyecte en la sanidad pública los 2.726,5 millones que ofreció a los seguros privados para atender a los mutualistas, tanto nacionales como los que residen en el extranjero, los dos próximos años.

No obstante, ve necesario realizar un «análisis concreto» de lo que supondría en cada una de las comunidades autónomas la absorción de esta población, teniendo en cuenta todas sus particularidades, como la menor carga de morbilidad (en referencia a la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado). También abogan por acometer este movimiento de forma gradual, haciendo uso de una prórroga de nueve meses (hasta septiembre de 2025)del concierto actual de Muface e incluso llegando a acuerdos puntuales con las aseguradoras privadas para que sigan tratando a los casos más difíciles y crónicos. «Poner al paciente en el centro en la transición puede reducir los posibles errores y favorecer el aprovechamiento de las virtudes del SNS, tales como la presencia de la Atención Primaria, factor diferencial con respecto al régimen mutualista de aseguradora privada», argumenta el ministerio.

El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explivó ayer que «hay que hacer una incorporación calendarizada, identificando a los pacientes más vulnerables, que sí que necesitarían ser los últimos en transitar», reconociendo que esto supondría un incremento del 2,1% en la población bajo el paraguas sanitariode la Seguridad Social.

En cualquier caso, Sanidad no es quien tiene la última palabra en este tema, que depende directamente del departamento de Transformación Digital y Función Pública. Desde este ministerio guardan silencio y descartan a este periódico hacer cualquier tipo de comentario al respecto de este nuevo informe.

Se remiten al comunicado que hicieron hace un par de semanas, en el que transmitieron a sindicatos y funcionarios que trabajan contrarreloj para presentar una nueva licitación «más atractiva». Pero en el informe, el propio Ministerio de Sanidad reconoce la dificultad para mejorar la actual oferta y convencer a las aseguradoras.

Mientras Función Pública defiende una prórroga del contrato en vigor hasta que se resuelva el conflicto, sindicatos como CSIF y Fedeca volvieron a mostar ayer su rechazo al 'trasvase' de los mutualistas a la pública, amenazando con movilizaciones e incluso una huelga si el Gobierno no ofrece una «respuesta adecuada».