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Nueva reunión –la décima– con posturas antagónicas; nueva semana de huelga –la tercera–; y un nuevo encontronazo. No hay modo de desatascar el bloqueo en la industria del metal. La cita de este domingo entre sindicatos y Patronal impulsada por el Ejecutivo regional en el ... Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) acabó igual que todas las demás: sin acuerdo. Y con el Gobierno regional resignado a proponer el arbitraje voluntario tras agotar las vías de negociación.
Después de varios intentos por ejercer como mediador en el conflicto, el Ejecutivo tiró esta noche la toalla y comunicó que «ante el bloqueo que sufre la negociación, cuando se cumplen 19 jornadas de huelga y tras 13 reuniones de mediación que han resultado hasta el momento infructuosas, la vía del arbitraje ofrece una posible salida para tratar de alcanzar una solución».
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Una alternativa barajada también por el Orecla pero que «de ninguna manera aceptará ningún representante sindical», zanjaron los portavoces de los trabajadores. No al menos mientras quede una última bala en el tambor, la de la intervención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha avanzado que participará de las conversaciones este martes.
Las negociaciones se habían enconado tanto en la jornada del sábado que nadie esperaba que hubiera un nuevo capítulo este domingo. Pero la entrada en escena en la tarde del sábado de Díaz reubicó las piezas sobre el tablero: «Estaré encantada de mediar para alcanzar un acuerdo», escribió en su Twitter; y en el Ejecutivo regional saltaron las alarmas.
La imagen ya cuestionada de la consejera de Empleo, Eugenia Gómez de Diego, a quien los trabajadores acusan de «incapacidad y falta de liderazgo», queda maltrecha después de verse obligada a delegar sus competencias en el Ministerio.
Las principales cabezas del Ejecutivo regional, conscientes del golpe de efecto que tendría un hipotético éxito de Díaz como mediadora, espolearon a la consejera a tomar el toro por los cuernos. Se reunieron de urgencia por la mañana el presidente, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente, Pablo Zuloaga; la consejera de Presidencia, Paula Fernández; el titular de Industria, Francisco Javier López Marcano; y la propia Eugenia Gómez de Diego. Urgieron a la patronal, Pymetal, y a los sindicatos a conversar de nuevo en el Orecla y se cerró la cita a las cinco de la tarde con una propuesta promovida desde el propio Ejecutivo.
Un texto que barajaba un incremento salarial del 3,3% más los atrasos de 250 euros para 2021; una subida salarial del 4% para 2022 revisable hasta el 60% del IPC; la subida del 3% revisable hasta el 70% del IPC para 2023 y del 2,7% para 2024.
Pymetal aceptó el papel y lo hizo público en un comunicado; pero para los trabajadores era lo más parecido a una fotografía de la propuesta barajada el sábado, cuando salieron de la reunión tras dos horas y media de debate. Así que después de cerca de cuatro horas de conversaciones las fichas volvieron a la casilla de salida. Incluso tuvo su punto dramático, porque a los veinte minutos de firmar el acta del desacuerdo –a las nueve de la noche–, las partes rompieron el papel para sentarse de nuevo a negociar; pero el resultado fue el mismo. Ningún avance salvo un llamamiento al arbitraje voluntario. Y a estas alturas del paro, muchos están más convencidos de la conveniencia de aguardar al papel mediador de la ministra.
Los representantes sindicales lo tienen claro: «No vamos a ceder ante la pérdida de ningún derecho, ni tampoco sobre ninguna de las peticiones económicas que hacemos, porque es algo que es nuestro. Sencillamente es nuestro, y no pueden quitárnoslo», resumieron algunos de los trabajadores que aguardaron a las puertas del Orecla y pitaron a Alberto Gómez Otero, gerente de Pymetal, a su llegada al organismo. Según defienden, su salario bruto anual es «alrededor de 10.000 euros inferior al de nuestros compañeros de otras regiones limítrofes, como son Asturias y Burgos».
Llegados a este punto de la negociación, no se discuten tanto los porcentajes como el pago de los atrasos. Los trabajadores exigen una cuantía mayor que permita reparar las pérdidas acumuladas del año y también el esfuerzo económico que supondrá para todos esta huelga prolongada ya durante más de dos semanas. Esta reivindicación es, según parece, algo irrenunciable y el principal motivo del atasco en las negociaciones.
El Ejecutivo dice encontrarse «profundamente preocupado» por los efectos que la huelga está teniendo sobre el sector del metal, por lo que considera «imprescindible» impulsar un acuerdo que ponga fin al conflicto laboral «de forma inmediata». A su juicio y a la vista de los avances registrados en los últimos encuentros, ese entendimiento es «perfectamente posible sin más demoras, ni intervenciones, siempre que exista voluntad para alcanzarlo». «Este acuerdo estuvo al alcance de la mano el pasado sábado», señala el Gobierno en un comunicado. Pero no opinan así los trabajadores.
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