El Gobierno renuncia a reclamar en el Supremo la multa de 37 millones a Sniace

Sin embargo, los concursales de Sniace recurrieron a la vía judicial alegando la situación excepcional de liquidación de la compañía con complejo industrial en Torrelavega, un proceso judicial y un cese de actividad que impedían cumplir con las pertinentes obligaciones medioambientales.

Así, de hecho, lo entendió el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que en una sentencia difundida el pasado enero tumbaba las pretensiones de la Administración. En aquel fallo, la Sala de lo Contencioso estimó parcialmente el recurso de la empresa, anulando el castigo económico, pero manteniendo la obligación de restituir los mencionados derechos equivalentes a las emisiones de 2019, un total de 343.482.

En dicha resolución la Sala colegía que, «no parece, por tanto, que a Sniace se le pueda hacer reproche», ya que «los órganos sociales no podían tomar decisiones a la fecha en que se consuma la infracción, y los administradores concursales debían actuar conforme a la Ley Concursal y no se les podía exigir saltarse el orden de prelación del pago de las deudas».

Con esos precedentes, quedaba la duda de si el nuevo Gobierno del Partido Popular continuaría el procedimiento judicial. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Administración han llegado a la conclusión de que no merecía la pena recurrir ante el Tribunal Supremo, fundamentalmente por la complejidad de Sniace dado su avanzado proceso de liquidación, lo que dificultaría notablemente cualquier cobro.

Es más, los juristas adscritos a la Consejería de Presidencia entendían que el tiempo que lleva un recurso ante el Supremo, además del dinero público que supone, tampoco ofrecía garantías de recuperar parte del importe de la sanción impuesta. Especialmente cuando se tuviera sentencia firme, en caso de ser favorable, por la amplia lista de acreedores actual y el abundante número de afectados con privilegios -especialmente bancos- para poder recibir parte de los ingresos que está obteniendo Sniace por la enajenación de sus activos.

De ahí que desde el Ejecutivo regional insistan en que el fallo de la Justicia cántabra es «firme» y aquel expediente sancionador que apuntaba a histórico haya quedado en nada tras la interpretación de los tribunales.

Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid continúa acogiendo las diferentes novedades respecto a la liquidación de la compañía, ya en fase avanzada después de haberse enajenado la maquinaria y la chatarra, unos trabajos que se extenderán por lo menos hasta mayo; así como los terrenos del complejo torrelaveguense. El negocio forestal quedó finalmente adjudicado a Ence.

En el apartado de los suelos siguen produciéndose fricciones. Pereda Santander insiste en su desacuerdo por la venta de una de las fincas a RIC Energy y Copsesa, la segunda de mayor tamaño y que estas ganaron en subasta pública en julio. Incide el otro interesado de nuevo ante el juez en que no se le comunicó en tiempo y forma el arranque de la subasta y que, a más, dicha información se produjo cuando ya había arrancado el proceso, que no obstante estuvo activo todavía varios días más hasta su conclusión definitiva.

Pereda ofertó un millón por el terreno antes de las subastas pero luego no pujó con esa suma en el procedimiento regulado por la firma especializada Trademat. De hecho, RIC Energy y Copsesa se hicieron con este lote por 525.000 euros, a lo que hay que añadir otros 6,2 millones por la parcela principal. En ambas ubicaciones proyectan una fábrica de hidrógeno verde y derivados con una inversión próxima a los 800 millones.

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