El Gobierno retira a sus representantes del Consejo de Santander Coated

Según ha podido saber este periódico, el cese de los dos consejeros públicos, adscritos a Sodercán, compañía con la que la Administración entró en el accionariado de Santander Coated, se oficializó en la Junta celebrada en la capital regional el pasado 19 de diciembre. La decisión, no obstante, se tomó con anterioridad ante la sorpresa generada en el Ejecutivo por el anuncio de la matriz de SCS, Network Steel Resources (NSR), de que se veía obligada a revaluar la actuación en la Comunidad ante las dificultades para obtener las autorizaciones pertinentes de la Consejería de Medio Ambiente. Como principal punto de fricción, el impacto paisajístico de las torres del nuevo complejo, que en algunas partes alcanzan una altura cercana a los 40 metros, así como el tratamiento de los suelos.

Con este escenario, el Gobierno acordó la renuncia de los dos consejeros de Sodercán, incluida la propia directora de la entidad pública, Iciar Amorrortu. Entre el argumentario, la ausencia de información a ambos representantes autonómicos acerca de la hoja de ruta de la ampliación. Por ello, ante la posible responsabilidad como consejeros, se propuso ese cese temporal hasta que se aclararan las cuestiones que están pendientes.

Sodercán firmó en julio el acuerdo por el que aportaba 4,5 millones a esta segunda fase, transferencia que se desglosaba en 3,5 millones en forma de préstamo y el millón restante como aportación al capital. Previamente, el Ejecutivo ya destinó 3,2 millones para el arranque de este proyecto, de los que 1,2 se aportaron al capital social y el resto se concedieron como préstamo participativo para financiar el plan de inversiones previstas. Para la puesta en marcha se precisó una inversión de 13,9 millones para la fábrica inicial de prelacado y corte.

Dado que los consejeros estaban 'a ciegas', la Administración dio también luz verde a la contratación de un experto independiente para certificar el seguimiento del proyecto constructivo y los diferentes hitos establecidos a efectos del desembolso comprometido por el erario público. De hecho, el segundo y tercer plazo del préstamo firmado en julio estaban condicionados al progreso de la obra de ampliación.

Con todo, SCS sí que ha gastado dinero en este plan para crecer en el Puerto de Santander, desde los estudios de ingeniería hasta todos los trabajos iniciales en la explanada para instalar los pivotes, labores que quedaron en suspenso hasta que Medio Ambiente otorgue la autorización ambiental integrada.

A este respecto, los plazos que maneja la compañía son pesimistas, pues no confían en que llegue el ansiado documento hasta finales de año. El Gobierno se ha comprometido a acelerar la tramitación en la medida de lo posible para evitar que se pueda perder la inversión. El Gabinete PRC-PSOE teme que la actuación pueda escaparse a León, donde NSR ha adquirido una planta que la eólica danesa Vestas tenía en liquidación y en la que va a inyectar más de 100 millones en varias fases.

Como explicó este periódico el sábado, actualmente el expediente está en fase de exposición pública. Entre la documentación que se puede consultar figura la alternativa manejada en su momento por el estudio de ingeniería para levantar la nueva fábrica: El Polígono Industrial de Marina-Medio Cudeyo.