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El regreso a una normalidad condicionada por la pandemia sanitaria, tendencia que igualmente alcanza a la actividad de las empresas cántabras, supone la adopción de ... una serie de medidas preventivas para blindarse ante el covid-19. Más en un ambiente como el laboral donde la seguridad en el puesto de trabajo es fundamental no sólo para los propios empleados, sino para las compañías, garantizando así su funcionamiento y dejando atrás la amenaza de posibles cierres o contratiempos temporales derivados de un foco por coronavirus. El Gobierno de Cantabria quiere conocer de primera mano los planes anticovid que ha desplegado el tejido corporativo autonómico, para lo que examinará sobre el terreno las actuaciones implementadas.
La iniciativa parte del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst), dependiente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que dirige Ana Belén Álvarez, que ha puesto en marcha una campaña para el control de las condiciones de trabajo motivadas por la pandemia en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.
El objetivo, claro: La comprobación 'in situ' de la adopción de las medidas organizativas; de protección colectiva e higiénicas; así como la dotación de equipos de protección individual, que las empresas regionales han aplicado para proteger a sus plantillas.
Para ello, 10 técnicos del Icasst realizarán en el plazo de dos meses visitas a 50 empresas, distribuidas por toda la comunidad y representativas de diferentes sectores y tamaños. Los técnicos han elaborado una ficha técnica con una serie de ítems para verificar que se han adoptado medidas dirigidas a preservar la salud de los trabajadores como la distancia de seguridad, la limpieza de vehículos, evitar las aglomeraciones, facilitar el lavado frecuente de manos, el uso y reposición de EPI o la identificación de personal especialmente sensible ante el coronavirus, entre otras. Está previsto que las visitas arranquen la semana próxima, toda vez que en los últimos días se estaba definiendo el listado de organizaciones susceptibles de participar en el plan.
Como resultado de las actuaciones, se emitirá informe de las condiciones observadas pudiendo realizar recomendaciones de mejora en caso de observar deficiencias. «Los objetivos de la campaña son prevenir; sensibilizar sobre las medidas protectoras que se pueden abordar; e informar sobre las mismas, implicando y concienciando a los empresarios, mandos intermedios y a los propios trabajadores para eliminar y minimizar al máximo los riesgos», detalla la Consejería.
No obstante, si dichas deficiencias tienen la gravedad suficiente, se elevará copia del mismo a las autoridades pertinentes, bien sea la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si se constatan posibles incumplimientos de la normativa preventiva o la Dirección General de Salud Pública si el incumplimiento se centra en la normativa sanitaria.
Si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social constata la infracción podrá proponer acta de carácter grave, sancionada con cuantías que van desde los 2.046 euros a 40.985, según la legislación vigente.
Desde el Icasst mandan un mensaje a las empresas de Cantabria para que comprendan que lo importante en este caso es que tengan realizado con su servicio de prevención de riesgos laborales un plan de contingencia que recoja todas las medidas preventivas e higiénicas necesarias para garantizar en la mayor medida posible la seguridad y salud de sus trabajadores, y que por supuesto ese plan sea aplicado con el mayor rigor posible. «Estamos seguros de que la gran mayoría de empresas de Cantabria son conscientes de la importancia de cumplir las normas sanitarias para garantizar la salud de sus trabajadores y frenar la curva de contagio», señalan.
La propia consejera igualmente incide en que «queremos prevenir e informar acerca de las medidas higiénicas, concienciado a todos los estamentos de la empresa, desde directivos hasta trabajadores, con el objetivo de minizar riesgos. Lo importante de esta campaña es que las compañías tengan elaborados sus planes de contingencia», anota.
El Ejecutivo, por tanto, arranca ya sus actuaciones para 'rastrear' el grado de cumplimiento de las directrices sanitarias y laborales en el ámbito del tejido corporativo e industrial de la Comunidad. El balance del plan, en unas semanas.
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Ana del Castillo
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