La gran industria clama contra el estatuto electrointensivo y sopesa no adherirse

Las principales damnificadas cántabras han optado por la prudencia o se remiten a las valoraciones de colectivos como AEGE. Sin embargo, el enfado es notable. Según ha podido saber este periódico, varias de ellas están analizando en la actualidad si les compensa adherirse al estatuto por las exigencias que conllevará recibir unas bonificaciones que para este tipo de gigantes industriales son irrisorias, del entorno de una rebaja de medio euro por megavatio/ hora. Como referencia, este tipo de empresas han cerrado 2020 pagando 45,16 euros el MWh, según el barómetro de AEGE. Más del doble que en Francia (21,15) o Alemania (20,13).

De ahí la «decepción» -la palabra que más se pronuncia al pedir una valoración del estatuto- con el proyecto alumbrado por el Gobierno nacional. La única nota 'positiva', que ahora ya se reconoce un problema existente, pero se insiste en que en la actualidad a las principales consumidoras no les resuelve nada.

Raúl Pelayo, director general de Industria del Ejecutivo cántabro, sostiene que «una vez analizado el documento creemos que el Gobierno de España se ha quedado corto y no ha cumplido las expectativas que todos esperábamos. Consideramos muy insuficiente el marco establecido y lamentamos que no se hayan atendido las alegaciones presentadas tanto por Cantabria, Asturias y Galicia como por las propias empresas, que lo consideran muy escaso», arranca.

Pelayo lamenta igualmente que se haya disparado el número de beneficiarios al relajar las exigencias de consumo, por lo que el dinero deberá repartirse entre más empresas. «Este estatuto condiciona las compensaciones por emisiones de efecto invernadero a la disponibilidad presupuestaria, por lo que el marco económico no queda cerrado en su totalidad. Próximamente nos reuniremos con las empresas cántabras afectadas y marcaremos la estrategia a seguir en el futuro».

Desde CEOE-Cepyme Cantabria, su presidente, Enrique Conde, afirma que «la opinión generalizada de la gran industria electrointensiva es que el Estatuto es decepcionante y no soluciona en absoluto el grave problema de competitividad de nuestra industria debido al gran diferencial del precio de energía con nuestros competidores europeos. Lo publicado en el BOE nos genera grandes incertidumbres, ya que las exigencias para cumplir con los requisitos del Estatuto no compensan las bonificaciones que obtendríamos, que según se desprende de lo publicado en el BOE, serían de únicamente un 1% del precio actual que paga por la energía la gran industria electrointensiva de Cantabria. Por el contrario, nuestros competidores europeos disponen de bonificaciones de hasta el 40%», arranca el empresario.

No sólo eso. «El precio de la electricidad es una parte muy significativa de los costes empresariales. En un mercado global, la frontera entre ser competitivo y tener capacidad de acceder a un mercado internacional en muchas ocasiones está en el precio que las empresas pagan por su factura eléctrica. Me atrevo a decir que un factor de aceleración o retardo de la salida de la crisis y de la viabilidad de nuestras empresas esta en el precio de la electricidad», completa Conde.

Luis Díez, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, lamenta que «después de dos años de espera es más que criticable que el Estatuto de Consumidores Electrointensivos tenga una regulación tan exigua y que no soluciona el verdadero problema de la industria de alto consumo energético porque apenas va a tener incidencia en el alto coste que asumen las empresas electrointensivas. Es más, añadirá costes con nuevas obligaciones que nos generan serias dudas de que finalmente provoquen un ahorro real», asevera.

En su opinión, «es positivo el reconocimiento jurídico que se hace de la industria electrointensiva pero no cumple el objetivo básico para el que se ha creado: el acceso a una tarifa energética competitiva en relación a los países de nuestro entorno», agrega.

Para Daniel San Miguel, secretario general de la Federación de Industria de CC OO en Cantabria, «este estatuto es simplemente una declaración de intenciones, sin partida presupuestaria asignada y poco clara en la cuantía de los mecanismos de ayuda, no aporta ninguna solución al sector y no contenta a nadie. Es necesario y urgente que se establezcan soluciones concretas a un sector tan importante como este para que no tengamos que lamentar el cierre de empresas y la perdida de cientos de puestos de trabajo en nuestra región», advierte.

Desde USO Cantabria, su secretaria general, Mercedes Martínez, opina que «el nuevo Estatuto no resuelve el coste de la energía de las industrias gran consumidoras. Coste que seguirá frenando gravemente las inversiones en la gran industria española y que a medio plazo producirá un incremento elevado de deslocalizaciones de inversiones, de producciones y finalmente de merma de empleo de alto valor añadido y de calidad. No se vislumbra una apuesta decidida por mantener la gran industria instalada, desincentivando las nuevas inversiones y el establecimiento de nuevos y potentes grupos industriales», reprocha.