El Grupo Celsa eleva a 500 millones su solicitud de rescate al Gobierno ante el deterioro del negocio

El motivo aducido no es otro que el deterioro del negocio en los últimos meses, según avanzó ayer El Confidencial. El sector siderúrgico se ha visto impactado no sólo por el primer golpe del virus en primavera, que derivó en problemas en la cadena de suministro, caída de pedidos y, en consecuencia, desplome de la actividad, sino igualmente por las sucesivas olas vividas en Europa y las consiguientes restricciones, más severas en el continente que en territorio español. La primera corporación española del metal se ha visto afectada por esta situación, lamenta.

Consultado ayer por este periódico, el Grupo Celsa sostuvo que «las conversaciones con la SEPI se encuentran en una fase muy avanzada, pero Celsa no tiene constancia de que la ayuda haya sido aprobada oficialmente por este organismo ni de su cuantía, por lo que la compañía no realizará comentarios al respecto». Efectivamente, la SEPI está a punto de resolver el expediente. La Sociedad encargó una auditoría externa para dirimir si la situación del Grupo, con cerca de 9.000 empleados, estaba provocada por el coronavirus o se remontaba a antes de la recesión sobrevenida en 2020.

Porque Celsa tiene un problema esencial: el pulso que mantiene con los fondos buitre que compraron a la banca su deuda y que, en caso de impago, abrirá a este tipo de entidades la puerta para hacerse con el control de la organización. Este cambio en la solicitud a la SEPI ha trascendido, de hecho, después de que el Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid decidiera admitir el recurso de los acreedores y tumbar las medidas cautelares que validaban una moratoria para la devolución de unos 180 millones de euros, fruto del acuerdo de reestructuración suscrito entre 2017 y 2018.

La propietaria del grupo industrial, la familia Rubiralta, logró en primavera que el mismo tribunal concluyera que Celsa, debido a la excepcional situación sobrevenida por el coronavirus, no estaba obligada a cumplir con el calendario de pagos acordados y que lo que pretendían en su momento los fondos oportunistas era simplemente aprovecharse de esa coyuntura.

Sin embargo, el criterio cambió hace unas semanas. Más bien por una cuestión procesal, según explicó El Confidencial, que detalló que el magistrado basaba su resolución en la excepción procesal de la 'cosa juzgada', una figura legal que impide que se abra en un órgano judicial un asunto resuelto previamente por otro juez o tribunal. Estas fuentes detallan que la defensa de Celsa había presentado de forma casi simultánea varias peticiones de medidas cautelares en distintos juzgados: dos de ellas, el mismo día en sendas sedes judiciales de Barcelona -que fueron rechazadas de forma inmediata-, y la tercera, al día siguiente en el juzgado de Madrid.

El préstamo detonante del conflicto se suscribió en 2017 por 900 millones. La banca fue saliéndose y vendiendo su deuda a estos fondos, que ahora están a la espera de ejecutar el contrato si Celsa no cumple. El asunto llenó de preocupación las plantas nobles del Gobierno de Cantabria el pasado mes de mayo.

Pese a los problemas de Celsa, la planta de Global Steel Wire, una de las principales industrias de Cantabria, mantiene su rentabilidad frente a la compleja coyuntura. La factoría ubicada en Nueva Montaña (Santander) ha seguido realizando inversiones tanto en grúas como en laminación, así como en una colada nueva, que ha supuesto un desembolso superior a los 10 millones.

La fábrica, con 620 trabajadores directos en plantilla, está a la espera de negociar un nuevo convenio colectivo. La Dirección ya ha trasladado su intención de contener salarios.