El Grupo Celsa da el paso y pide al Gobierno central adherirse al fondo de rescate de firmas estratégicas

En septiembre la compañía tuvo que salir a desmentir que hubiera dado el paso que previamente ya habían confirmado otros gigantes nacionales como Duro Felguera, pero sí reconoció que había n el vehículo de la SEPI constituido para canalizar los préstamos. El Diario ya informó en julio de que Celsa evaluaba esta vía para tratar de enderezar sus balances. Ayer mismo Vozpópuli confirmaba que hace un par de semanas el Grupo efectuó la petición formal al fondo de rescate dotado con 10.000 millones. La corporación sí que ha obtenido ya un préstamo de emergencia en Reino Unido para su filial británica procedente del Gobierno por unos 30 millones de libras.

Consultada ayer por El Diario, la organización declinó hacer comentarios. No obstante, el montante de la petición se aproximaría a cerca de 350 millones de euros, una cantidad que incluso podría aumentar en caso de que la situación se deteriore.

Celsa sí admitió tras el primer estado de alarma que obtuvo, dentro de las ayudas habilitadas por el Ejecutivo central, financiación a través de la línea de avales ICO por 75 millones, una operación en la que, según ratificó la propia entidad, igualmente participó el Banco Santander. Los problemas económicos de la organización no han sido en absoluto secundarios, pues la alerta llegó incluso a las plantas nobles del Gobierno de Cantabria.

Porque el problema no es ni mucho menos trivial para la Comunidad. El propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, definió a Celsa en una visita a la fábrica de GSW en Nueva Montaña en 2018 como «la primera empresa industrial» de la región, con más de 1.850 trabajadores directos e indirectos. Sólo en la factoría santanderina están en nómina 620 empleados.

A estas tensiones financieras se añade, aunque directamente derivada del impacto en la actividad, la guerra que la familia Rubiralta mantiene con los fondos buitre por la propiedad de la sociedad.

La empresa tiene dos frentes abiertos en los tribunales de Madrid, ambos con el objetivo de evitar el impago de deuda y que sus acreedores puedan ejecutar las garantías, lo que les daría la mayoría del capital social. El préstamo detonante del conflicto se suscribió en 2017 por 900 millones. La banca fue saliéndose y vendiendo su deuda a estos fondos, que ahora están a la espera de ejecutar el contrato.

La compañía, que alegó ante el juez un desplome de ingresos provocado por la pandemia, logró que el tribunal aplicase la llamada 'rebus sic stantibus' (estando así las cosas). La regla no está incluida en el ordenamiento jurídico nacional y se ha empleado en contadas ocasiones, ya que permite alterar contratos y obligaciones por causa de fuerza mayor, como es el caso de la pandemia. A esta crisis se agarró Celsa para aducir que no podía abonar un nuevo plazo de la deuda.

El acuerdo recogía pagos para amortizar los créditos cada mayo y noviembre entre 2018 y 2022. El impago en mayo -anunciado semanas antes- desató la batalla con los acreedores.

Celsa no es la única firma que ha pedido rescate al Gobierno. Duro Felguera, Globalia o la Naviera Armas Transmediterránea también lo han hecho. Air Europa ya ha recibido la aprobación.