El Grupo Celsa sopesa acudir al fondo de rescate del Gobierno central para empresas estratégicas

La que el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, definió en una visita a la fábrica de GSW en Nueva Montaña en 2018 como «la primera empresa industrial» de la región, con más de 1.850 trabajadores directos e indirectos -sólo en la factoría santanderina están en nómina 620 empleados-, se halla en la actualidad en dificultades.

No sólo por ausencias temporales de materia prima o de pedidos, que han obligado a parar la planta algunos días desde el estado de alarma y en esta 'nueva normalidad', sino igualmente por las tensiones financieras de la organización.

Cuestionada sobre los beneficios de adherirse a este fondo de rescate del Ejecutivo central, Celsa declinó hacer comentarios a este periódico. El instrumento estará gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda, y contempla distintas formas para reforzar la posición patrimonial y financiera de las compañías (entrada directa en el capital, compra de deuda subordinada, préstamos participativos...). Las empresas podrán solicitar desde 25 millones de euros. Duro Felguera ya ha adelantado que pedirá acogerse a estas ayudas.

Celsa sí ha confirmado que obtuvo, dentro de las ayudas habilitadas por el Gobierno, financiación a través de la línea de avales ICO por 75 millones, una operación en la que, según ha ratificado la propia entidad, igualmente participó el Banco Santander. Los problemas económicos de la organización no han sido en absoluto secundarios, pues la alerta ha llegado incluso a las plantas nobles del Gobierno de Cantabria.

Fuentes cercanas a Global Steel Wire sí que admiten que, en el seno de la preocupación sobre el futuro del tejido industrial regional, se ha producido algún encuentro con los máximos responsables del Gabinete presidido por Revilla. Eso sí, matizan que de esas reuniones no ha salido ninguna operación concreta.

La inestabilidad de las últimas semanas igualmente trae otra mar de fondo. Las exigencias de los fondos buitre para que se cumpliera con el calendario de pagos de la deuda adquirida a la banca, que en caso de incumplimiento podría convertirse en acciones y, en consecuencia, dejar a estos fondos oportunistas como mayoritarios en el capital, en detrimento de la familia Rubiralta.

El acuerdo suscrito con la banca en 2017 para financiar deuda por 900 millones -posiciones que después fueron asumidas por los fondos- recogía pagos para amortizar los créditos cada mayo y noviembre entre 2018 y 2022. El impago este mes de mayo desató la batalla con los acreedores.