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Global Steel Wire (GSW) es una de las principales joyas industriales de Cantabria, si no la mayor. Una firma estratégica que en los últimos tiempos, en línea con la mayoría del sector, ha tenido que enfrentarse a un sinfín de desafíos. Unos costes energéticos ... que van camino de un lustro ya al alza, con picos desorbitados a raíz de la guerra en Ucrania desde febrero de 2022; una pandemia y el posterior impacto en la cadena de suministro; falta de materias primas; mercados que sufren... Y, en último término y en clave interna, una dura disputa entre los dueños de la matriz, el Grupo Celsa, y los fondos que fueron adquiriendo la deuda en los últimos años. Unos acreedores que están a la espera de poder tomar el control de toda la corporación tras una novedosa sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona que, al calor de la nueva Ley Concursal, acepta el plan de los reclamantes y troca todas las acciones de la familia Rubiralta por casi 1.300 millones en poder de entidades como Deutsche Bank, Anchorage, Capital Group o Attesor Capital.
Mientras los fondos discuten con el Gobierno de España la forma de aterrizar en Celsa, GSW aguarda acontecimientos tras un 2022 en el que la fábrica de acero de Santander ha recuperado buena parte del pulso pese a la incertidumbre y adversidad coyuntural. Así se desprende de las cuentas auditadas de la compañía, a las que ha tenido acceso El Diario, que arrojan un beneficio final después de impuestos de 16,85 millones. Como comparación con 2021, todavía con los coletazos coronavíricos, el resultado definitivo fue de 3,63 millones de euros.
De las cuentas anuales,supervisadas por E&Y, se extraía igualmente la satisfacción de los accionistas. De hecho, los responsables de Global Steel Wire hablan de «excelentes resultados» tanto en 2022 como en 2021. El desenlace podía haber sido mejor aún, pero la compañía ha tenido que hacer frente a elevados gastos financieros, algunos que se arrastraban de ejercicios anteriores.
751,71 millones
fue la cifra de negocio de Global Steel Wire el pasado año.
14,5 millones
invirtió la compañía en la planta santanderina en avances tecnológicos en 2022.
Como prueba, el resultado de explotación del año pasado superó los 37,1 millones, frente a los 17,88 de 2021. Sin embargo, el pasado ejercicio la factoría tuvo que dar respuesta a gastos financieros por 26,76 millones, más todavía que los 22,32 de un año antes.
«Tras el profundo impacto que la crisis económica asociada a la pandemia tuvo en los resultados del ejercicio 2020 y en las previsiones futuras, tanto la sociedad como el Grupo al cual pertenece y con quien la sociedad mantiene relaciones comerciales, financieras y operativas relevantes ha obtenido unos excelentes resultados tanto en el presente ejercicio como en 2021. La situación patrimonial del Grupo, así como la operativa del negocio, pueden considerarse normalizadas a fecha actual», explicaban los propietarios de GSW en marzo.
La empresa insiste en las fortalezas que le brinda su estrategia productiva, «consistente en la fabricación de acero mediante hornos eléctricos, como medio de producción alternativo a los altos hornos y cuya materia prima esencial es la chatarra -frente al mineral de hierro empleado por los citados altos hornos-, que contribuye tanto a la reducción de emisiones de CO2 en el sector como a la circularidad. Frente a la mayoría de competidores, nuestro producto cuenta con la ventaja competitiva de ser acero sostenible, circular y de bajas emisiones de CO2, por lo que cada vez es más valorado en el mercado. Mientras la competencia deberá iniciar en los próximos años la transición hacia un modelo de negocio sostenible y circular, el Grupo Celsa ya inició ese recorrido desde su propia creación hace 56 años y continuará ahondando en dichos objetivos», recoge el documento.
La cifra de negocio en 2022 fue de 751,71 millones, frente a los 741,43 de un año antes. De media tuvo a 613 personas en plantilla y acometió inversiones por encima de los 14,5 millones, en especial en nuevas tecnologías para la producción y para garantizar la sostenibilidad.
Estos resultados se han alcanzado no sin dificultad, pues la fábrica paró varias semanas de forma escalonada durante 2022 por los costes energéticos y la falta de materiales o clientes junto al impacto de la guerra en Ucrania. En el ámbito laboral, ha aplicado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para acompasar la producción a la coyuntura, que cubría el 75% del salario base. Asimismo, actualizó las nóminas con el IPC más un 0,8% adicional. Como viene en las cuentas, el gasto salarial en 2022 fue de 45 millones.
Global Steel Wire, al igual que todo el Grupo Celsa, está a la espera del cierre del proceso para el traspaso de la propiedad. Una decisión judicial que ha puesto en alerta a todo el sector corporativo, en especial en empresas que tarden en presentar por su cuenta la solicitud de concurso, visto que la nueva Ley favorece que los acreedores se queden con compañías plenamente rentables como es este caso. La corporación dejó de pagar las amortizaciones por el impacto de la pandemia, pero la trayectoria tras el covid refrenda que la normalidad ha retornado a las diferentes sociedades del Grupo. Ahora serán unos nuevos dueños quienes disfruten los resultados.
De la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona días atrás respecto a la homologación del Plan de Reestructuración que los acreedores de Celsa plantearon para tomar el control del Grupo, el juez Álvaro Lobato sostiene que «los acreedores gozan de total legitimidad para implementar su Plan que, además, es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa», razona el magistrado, especialmente tras los cambios introducidos en la nueva Ley Concursal y el mayor poder que se otorga a los acreedores. Eso sí, en la sentencia, consultada por El Diario, también se apunta que los futuros propietarios «deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conversando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto». De hecho, el magistrado opina que el cambio normativo será bueno o malo en función «del uso responsable» de las nuevas facultades que otorga la Ley.
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