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Lejos, demasiado, queda ya el mes de junio, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobaba el rescate del Grupo Celsa, dueña en Cantabria de sociedades como Global Steel Wire, Tycsa o la antigua Trefilerías Quijano en Los Corrales de Buelna. Un balón de ... oxígeno con el que a priori se daba por descontado que se apaciguarían los ánimos entre los propietarios de la siderurgia de origen catalán, la familia Rubiralta, y los fondos que ostentan la mayoría del pasivo de la organización, unos 2.500 millones de euros.
Sin embargo, la ofensiva de los acreedores, presentando un plan de reestructuración en el juzgado y reclamando trocar 1.300 millones de deuda por el 100% del capital, abre un escenario incierto para uno de los grupos industriales de referencia en España, emblema del sector en Cantabria. Todo ello al calor de las modificaciones introducidas en la Ley Concursal. De hecho, expertos en este campo consultados en El Diario admiten que el gremio no habla de otro asunto y reconocen que, en caso de llegar hasta el final del proceso en los tribunales, sentará «numerosa» jurisprudencia para casos futuros.
La Dirección se ha reunido esta semana con diferentes comités de empresa con motivo de las negociaciones de convenio, encuentros en los que también ha salido a colación la disputa por la propiedad. En el centro de la cuestión, los plazos: octubre es el mes en que vencerá la deuda marco de 525 millones que está en manos de los bancos además de otros 980 millones de euros del crédito jumbo que controlan los fondos. Como precedente, otros 400 millones de préstamos vencidos a los que Celsa no pudo responder desde el inicio de la pandemia en 2020 y que supusieron el detonante del conflicto actual.
En el Gobierno de Cantabria, como ya ocurrió en la crisis de 2020 a raíz del primer incumplimiento, se siguen atentamente los acontecimientos entre Celsa y sus acreedores. A este respecto, el consejero de Industria, Javier López Marcano, señala que «es de sobra conocido el extraordinario impacto de las empresas del Grupo Celsa en la región, y en particular de GSW. La actividad económica de esta empresa afecta de forma muy relevante en el empleo regional y el PIB regional, y también ofrece una notable tracción económica en otras empresas y sectores de la Comunidad. Todo ello permite definir a esta industria como estratégica de Cantabria, y por ello se requiere un esfuerzo para que su actividad permanezca asentada en el futuro a pesar de las dificultades coyunturales a las que se ha visto expuesta por la crisis del covid-19 o las incertidumbres internacionales en cadenas de suministros o energía».
Para el consejero, «este principio lo hemos venido defendiendo desde el Gobierno de Cantabria de forma continua ante el Gobierno de España, y con especial énfasis en la gestión para lograr la ayuda aprobada por la SEPI. Asimismo, tenemos comunicación directa con la propiedad de la compañía y también incluso acceso a los grupos acreedores».
Sobre la negociación entre las partes, «en caso de que se materialice un acuerdo, lógicamente se acogería de forma positiva. Lógicamente el interés por parte de la Administración» pasa por evitar el concurso y asegurar la viabilidad.
La familia Rubiralta siempre ha reprobado que los acreedores han aprovechado la coyuntura para obtener unas ganancias desproporcionadas y, en consecuencia, ha propuesto una quita de la deuda. Ahora tendrá que plantear su propio plan de reestructuración alternativo al de los bonistas para preservar la corporación siderúrgica.
Queda por ver el papel de la banca, aunque fuentes financieras sostienen que será necesario un acuerdo entre las partes para seguir manteniendo viva esa línea de financiación.
El asunto, en todo caso, vuelve a ser objeto de discordia. Celsa se ha dirigido a la SEPI y al Gobierno que preside Pedro Sánchez ante el movimiento de los acreedores, instando la figura anteriormente conocida como preconcurso. El propio presidente del país ya se 'mojó' en su momento y trató de mediar con los tenedores de la deuda, en concreto con Deustsche Bank, para tratar de alcanzar un acuerdo y que se pudiera recibir el rescate. Aquellas gestiones resultaron infructuosas.
Desde la matriz de Global Steel Wire se insiste en que la situación no ha cambiado en los últimos días, aunque de forma soterrada se mantienen los contactos entre las partes. El lunes la organización emitió un comunicado en el que sostenía que «la compañía ha realizado en los últimos meses significativos movimientos de aproximación a las aspiraciones de los acreedores, que se concretaron en una oferta del pasado 22 de julio, muy cercana a las exigencias de los fondos de inversión, expresada en su propuesta del 9 de junio».
No sólo eso. «La diferencia entre ambas partes radica en el importe de la deuda adicional a la reestructurada y en su tipo de interés. Mientras Celsa ofrece reconocer una deuda adicional de 450 millones de euros con un interés del 8% anual en una sociedad de la Unión Europea, los acreedores aspiran a recibir 550 millones de euros con un interés del 10% anual en una sociedad en Luxemburgo». El Grupo considera que su oferta económica y la planteada por los acreedores son «cercanas», por lo que sigue buscando acuerdo.
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