El ICAF permitirá a las empresas flexibilizar sus pagos para ayudar a paliar las consecuencias del covid

El Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, ha acordado permitir a las empresas flexibilizar el pago del importe generado por las obligaciones devengadas durante los meses de marzo, abril y mayo. Así se ha decidido tras la reunión del Consejo Ejecutivo, que ha estado presidido por la consejera, María Sánchez. De esta manera, las obligaciones contraídas serán pagaderas durante los meses comprendidos entre julio y diciembre del presente año.

Según la consejera, con esta medida las empresas podrán afrontar las obligaciones con ICAF con «una menor presión sobre sus niveles de tesorería sin que incurran en coste financiero alguno».

A su vez, María Sánchez ha expuesto que ante la situación derivada de la pandemia del COVID-19, el ICAF acordó el pasado mes de marzo suspender el giro de cuotas de marzo, abril y mayo y las comisiones de los clientes que poseen operaciones de financiación o aseguramiento con la institución. De esta moratoria se beneficiaron 22 empresas de Cantabria que generan un empleo directo de aproximadamente 2.500 trabajadores.

Según la consejera, el objetivo de esta primera medida era apoyar a las empresas de Cantabria para afrontar esta coyuntura extraordinaria y poder acomodar sus obligaciones de pago con los recursos generados por su actividad.

Sin embargo, Sánchez ha destacado que pese a las medidas de inyección de liquidez que han puesto a disposición de las empresas tanto el Gobierno central como el Ejecutivo regional, entre las cuales se encuentran las implantadas por el ICAF, sigue siendo «de suma importancia» la necesidad de preservar la liquidez en el sistema y permitir a las empresas que afronten sus obligaciones de pago acorde a su nivel de actividad económica.

En el mes de abril, Gobierno de Cantabria, UGT y CCOO, y la patronal CEOE-Cepyme sellaron un acuerdo con medidas de protección social, apoyo a las personas, fomento del empleo y de la actividad económica para intentar paliar las consecuencias del coronavirus en la comunidad autónoma en una primera fase, por valor de 90 millones.

En el apartado empresarial, se destina 1 millón para incentivar la contratación en las empresas, con el requisito de que hasta el 31 de diciembre de 2020 no hayan reducido sus plantillas y realicen nuevos contratos de trabajo de al menos un año de duración.

El documento recoge, además, el denominado «cheque de resistencia», destinado a los autónomos y micropymes que tuvieron que cerrar por el decreto de 14 de marzo, con una consignación inicial de 10 millones de euros, y el «cheque de autónomos», que desarrollará Sodercán y está dotado con 9 millones para subvencionar el equivalente a una cuota mensual de autónomos unipersonales (283,31 euros).

También está contemplado el aplazamiento de los pagos por alquiler o compra en la empresa pública Sicán y la exoneración del pago por aparcamiento a transportistas en Citrasa.

Para asegurar el sistema público de transporte por carretera, el Gobierno subvencionará íntegramente el coste de la adaptación de los vehículos para reducir el riesgo de contagios tanto en autobús como en el taxi.

Sector primario

Para el sector primario, el acuerdo incluye ayudas urgentes por 1,1 millones de euros, para el sector pesquero, los subsectores del ovino, caprino y de carne de vacuno, y para apoyar a los productos y alimentos de Cantabria.