El «impago» del complemento salarial en Ampros llega al juez

Según indicó ayer el sindicato en nota de prensa, Ampros «se niega a cumplir» el convenio colectivo que la propia empresa eligió en su momento para sustituirlo por el suyo propio y que estipula el abono de un complemento salarial destinado a los trabajadores que tengan una antigüedad superior al 1 de julio de 2016, lo que afecta a la mayor parte de una plantilla integrada por casi 500 profesionales, muchos de ellos personas con discapacidad intelectual.

UGT recuerda que fue la propia dirección de Ampros la que «decidió de manera unilateral» dejar de aplicar su propio convenio colectivo de empresa en enero de 2020 para sustituirlo por el convenio general de centros y servicios de atención a las personas con discapacidad, «que estipula este complemento salarial que la empresa se niega a pagar desde entonces».

«Ampros despreció en su momento la negociación colectiva y no consultó a nadie para aplicar un nuevo convenio colectivo que encima no quiere cumplir», critica UGT, que rechaza «un sistema de gestión empresarial basado en no respetar los derechos laborales y en mermar los salarios y el poder adquisitivo de la plantilla tanto en su Centro Especial de Empleo como en el de Servicios Sociales».

En este sentido, el sindicato puntualiza que los trabajadores de Ampros «no han tenido subida salarial desde enero de 2012, salvo el irrisorio incremento de un 0,75% aplicado hace dos años como muestra de buena fe según la empresa y un 2% que viene abonando desde abril sólo a parte de la plantilla y justo después de la demanda por conflicto colectivo interpuesta por UGT».

«Si se tiene en cuenta que el Índice de Precios al Consumo (IPC) desde 2012 ha aumentado casi un 13%, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la plantilla es evidente y a ello se une que no se les pague lo que legítimamente les corresponde en concepto de complementos salariales, según un convenio colectivo que la propia Ampros eligió» agrega el sindicato.

UGT considera «inaceptable» que se tenga que llegar a los tribunales de justicia «porque una entidad valorada y premiada por su compromiso social con la discapacidad, simplemente, no quiera cumplir el convenio».