La industria cántabra cerrará 2020 pagando más del doble de luz que sus rivales de la UE

Así lo recuerda Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que representa en Cantabria a gigantes como Ferroatlántica, Global Steel Wire, Forgings & Castings en Reinosa o Bondalti, que tiene una planta de cloro en terrenos de Solvay en Torrelavega. El sector, además, acaba de toparse con un nuevo contratiempo. El sistema eléctrico español se encamina a un nuevo déficit entre ingresos y gastos como consecuencia de la crisis, un descuadre que todavía no se ha cuantificado con exactitud, pero para el que ya se ha hallado remedio.

La Administración central prevé cerrar esa diferencia restando fondos a las plantas electrointensivas toda vez que el Ministerio de Transición Ecológica quiere volcar en la corrección de ese desequilibrio la gran mayoría de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2, bolsa que alimenta los fondos que reciben compañías como las citadas para abaratar sus costes de la luz.

«Lo que hemos reclamado es que para dar certidumbre se habilitara que un porcentaje de esos ingresos se destinara a ayudas a las empresas. Habíamos propuesto un 25%. Era una forma de no tener que ir peleando año a año», arranca Soto.

«Entendemos que para este ejercicio, ante la caída del consumo por el covid, se tengan que adoptar medidas excepcionales, pero no puede consolidarse de cara al futuro. Lo importante es que haya fondos en los Presupuestos Generales del Estado. No tiene buena pinta, pero es cierto que nos han informado que parte del dinero en los próximos años llegará del plan de recuperación europeo. Aún así, daría más garantías que la Ley de Cambio Climático recogiera un porcentaje», insiste.

La caída de la demanda eléctrica ha mermado los ingresos del sistema eléctrico que sufragan los peajes regulados (pagos correspondientes a las redes de transporte y distribución), así como otros conceptos como la retribución de plantas renovables. A menor consumo, evidentemente, menor recaudación por determinados gravámenes y conceptos que, a cuenta de los usuarios, contribuyen a enjuagar los costes eléctricos regulados por la Administración.

El Ejecutivo nacional sostiene que el agujero actual es «transitorio» a diferencia del estructural amasado hasta 2014, 30.000 millones que aún están pagando los consumidores. Con todo, estos desajustes esporádicos podrían empujar a una subida automática en los recibos.

Ahí entra el movimiento ministerial. Transición Ecológica ha echado mano del dinero procedente de las subastas de derechos para emitir CO2. Una normativa alineada con las instrucciones de la UE establecía hasta 2018 que los fondos de esa procedencia podían ser transferidos al sistema eléctrico hasta un máximo de 450 millones por ejercicio. El Gobierno ha elevado ese techo para 2020 hasta los 1.000 millones y para 2021 hasta los 1.100 millones. Así figura en un real decreto-ley aprobado el 17 de noviembre, que recoge que la aportación para sufragar costes eléctricos y pagar a los productores renovables podría llevarse hasta el 90% de lo recaudado en las subastas, explicó días atrás La Nueva España.

Si se engorda un concepto, otros se ven diluidos. Así las cosas, las cantidades para otros fines, el apoyo al sector secundario, menguan. Bruselas otorga a sus miembros la capacidad de destinar hasta el 25% de la recaudación de las subastas (o una cantidad equivalente con otro origen) a compensar a la industria intensiva en consumos eléctricos por los llamados costes indirectos del CO2. El sector cántabro, con el respaldo del Gobierno regional y de los agentes sociales, viene demandando que España llegue a ese límite de ayudas como hacen otros países. En 2019 se quedó por debajo, con el reparto de 172 millones, y en 2020, más aún, con 61 millones. Peor pinta aún 2021, puesto que la opción de llegar a ese 25% se complica con esta decisión para equilibrar el déficit del sistema.

Un año, este, repleto de decepciones para los grandes consumidores. «No se han alcanzado todos los objetivos», responde educadamente Soto. «Eso sí, espero que antes de fin de año se apruebe el estatuto y que en 2021 tengamos la compensación máxima de C02», afirma. Aún así, el malestar predomina entre las compañías afectadas. Aunque la mayoría ha optado por no hacer declaraciones, sí que se ha trasladado al Ejecutivo cántabro y a la propia Administración central el enfado ante la incapacidad para ofrecer soluciones. El problema no son sólo los competidores, sino plantas del mismo grupo situadas en otros países con un mejor marco energético.

De momento, lamentan, ni ha habido estatuto electrointensivo ni el planteamiento del mismo alivia a los grandes consumidores. La interrumpibilidad va a estar inactiva prácticamente un año -segunda mitad de 2020 y primera de 2021-, mientras que de pagos por C02 de 2019 se ha pasado de cerca de 172 millones a 60. Los afectados han pedido por carta al Ministerio que ese dinero pendiente pueda abonarse cuando mejore la coyuntura. El sector se siente «maltratado».