La industria cántabra contiene el precio de la luz pero casi dobla la tarifa de Francia

España en particular ha disfrutado de la 'excepción ibérica', que ha coadyuvado a contener los precios eléctricos. No obstante, la industria, en especial la de mayor consumo, mantiene su factura energética como una debilidad en la competencia directa con otros países cercanos.

Como ejemplo claro, el barómetro actualizado por la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que recoge que durante los cinco primeros meses del año 2023 los precios eléctricos del mercado alemán y francés fueron superiores a los del nacional. «Sin embargo, para la industria electrointensiva española, considerando las medidas aprobadas en su Estatuto, y las compensaciones del ajuste de gas, se estima un precio a fin de año en España de 100,46 euros el megavatio hora; 44,77 más que el francés, que es de 55,69 euros».

Para valorar las estimaciones de AEGE, que en Cantabria representa a factorías como Global Steel Wire, Ferroatlántica o Reinosa Forgins & Castings, hace falta remontarse a diciembre de 2022 y comprobar el camino recorrido. Hace menos de medio año el precio eléctrico en España llegaba a 219,86 euros para sus factorías; frente a los 101,53 de sus homólogas galas. En otras palabras, la coyuntura se ha relajado, pero el diferencial permanece.

Más llamativa incluso resulta la evolución de Alemania, desafiada por su dependencia histórica del gas que enviaba Vladimir Putin. De ahí que al cierre de 2022 abonara por megavatio 223,45 euros para sus clientes electrointensivos. Sin embargo, en tan sólo 12 meses AEGE calcula que esa cuantía caerá hasta los 71,78 euros. Dicho de otro modo, vuelve a superar con solvencia las condiciones españolas para sus clientes industriales.

Con esta perspectiva, el sector todavía está más pendiente si cabe del marco normativo. Como ejemplo, las compensaciones por los costes de emisiones indirectas de CO2. En principio estos incentivos se mantendrán con el endurecimiento de la normativa europea para cumplir los objetivos climáticos hasta 2030. Las industrias regionales obtuvieron 11 millones por este concepto el pasado ejercicio.

Según explicó esta semana La Nueva España, el Consejo de la UE dio luz verde en abril a cinco actos legislativos para avanzar en el recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, acordó que los ingresos provenientes del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de carbono -los obtenidos con las subastas- sustenten financieramente el Fondo Social por el Clima, dotado con hasta 65.000 millones para apoyar a los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte vulnerables. En esta relación de afectados por las acciones contra el cambio climático -y al mismo tiempo beneficiados por el fondo social- ya no aparece la industria, lo que puso en alerta al sector, porque las compensaciones por CO2 están vinculadas al dinero obtenido en las subastas de derechos de emisión.

La directiva europea que establece el régimen de comercio de derechos de emisión, ahora revisada, obliga a los estados miembros a invertir todos los ingresos en la lista de fines climáticos. Con un matiz, el texto final aclara que el dinero empleado para la compensación de los costes indirectos del carbono no cuenta para esta obligación, son la «excepción».

Un blindaje para el sector. El año pasado empresas como Solvay, Birla Carbón, Nissan, GSW, Forgings & Castings o Ferroatlántica tuvieron ayuda.