La industria cántabra enfila un nuevo gasto millonario por un impuesto a los residuos

La propuesta viene promovida por el Ministerio de Transición Ecológica que pilota Teresa Ribera con el objetivo de promover e incentivar el reciclaje o la denominada economía circular. Es decir, que esos residuos o escorias puedan ser valorizados en la mayor medida posible y empleados como subproductos en nuevas actividades.

El problema radica en que muchas compañías no tienen en la actualidad una alternativa para un elevado porcentaje de sus residuos. En Cantabria el asunto ya ha provocado una severa «preocupación» en numerosas empresas. Según las fuentes consultadas, el impacto será notable en el campo del metal, y dentro del mismo golpeará con especial incidencia a las fundiciones. Compañías como FAED, Hergom, Nissan, GSW, Ferroatlántica, Forgings & Castings o Fundiciones Carg ya están echando cálculos para comprobar el efecto que la tasa tendrá en sus balances.

El asunto es de tal calado que la inquietud ya se ha instalado asimismo en el Gobierno de Cantabria. Consultada por este periódico, la Consejería de Medio Ambiente ha optado por el momento por no hacer declaraciones hasta analizar en profundidad todas sus implicaciones.

Quien ya ha levantado la voz ha sido la patronal regional. Martín Silván, coordinador del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de CEOE-Cepyme Cantabria, explica que «el nuevo impuesto afecta sobremanera a las empresas del metal y en especial a las que hacen funciones, ya sea porque generan escorias o arenas de fundición», comienza.

En la Comunidad ya hay grandes compañías que han empezado a valorizar estos inertes, como Ferroatlántica con procesos internos y la ayuda del Grupo GOF; o Global Steel Wire, que años atrás llegó a un acuerdo con la constructora SIEC para transformar 100.000 toneladas anuales en asfalto y pavimento. Silván, no obstante, pone el foco en la denominada «escoria blanca, que es hidroexpansible al tener más cal», más compleja de reutilizar,

CEOE alerta sobre las fundiciones medianas y las arenas generadas, «un residuo que se podría aprovechar para otras cosas y que ahora, al no encontrar otra salida, está yendo al vertedero». El destino final es el vertedero de Carceña -entre Castañeda y Piélagos- que aparte de su propia tarifa cobra igualmente dos euros por tonelada industrial entregada. Con el nuevo proyecto de Transición Ecológica se pretende pasar a 20 euros la tonelada, por lo que la diferencia es notable. «Cuando en algunos casos el agua te llega ya al borde de la nariz, la última gota te acaba ahogando», sintetiza Silván.

La preocupación, además, es general en el norte de España. La industria pesada de Asturias ya ha presentado alegaciones al documento, además de afear lo que a su juicio son profundas contradicciones en la futura normativa. ¿Por ejemplo? Las compañías señalan que si los 20 euros encarnan el peaje general, los residuos catalogados como peligrosos solamente estarán gravados con cinco euros.

«Los dos euros actuales ya son resultado de una negociación con el Gobierno autonómico y conseguimos rebajarlos de los siete euros anteriores. Había empresas que optaban por enviar sus residuos a País Vasco. Ahora van a homogeneizar el tributo en todo el Estado, por lo que no estaremos en desventaja respecto a autonomías del entorno, pero sí que suma un nuevo coste a la espalda», razona.

Ante esta tesitura, ¿cuál es la postura de la CEOE? «Vamos a presentar alegaciones a nivel estatal. Por otro lado, tenemos la sensación de que no nos van a hacer mucho caso. Es cierto que tenemos costes de vertedero mejores que en el resto de Europa, a diferencia de la electricidad. No obstante, la economía circular no se fomenta introduciendo impuestos, sino favoreciendo que muchas escorias consideras como residuo dejen de ser catalogadas como tal y puedan recibir un nuevo uso como materia prima secundaria. Esa es la lucha, que las arenas de las fundiciones, en vez de acabar en un hoyo, evolucionen en otro producto. Es algo que ya está estudiado. Para que haya economía circular, primero tiene que haber economía», reivindica el portavoz.

Aún con todo, ya se está trabajando en previsión del peor escenario: el de la entrada del tributo a lo largo de 2021, tal y como anhela Transición Ecológica. CEOE ya ha hablado con el Ejecutivo cántabro para contener daños. «Los 20 euros van a ser el mínimo para toda España, pero las autonomías podían incrementar su tasa propia, al ser un gasto transferido. Medio Ambiente ya nos ha avanzado que de ninguna manera se incrementará esa presión fiscal, por lo que vamos a poder competir con los demás. Los residuos no viajan mucho, pero 100 kilómetros sí que se desplazan».

El otro caballo de batalla es que la Consejería pueda extender a nuevos residuos la valorización. De todos los residuos industriales, que en función del año oscilan pero que se mueven en el entorno de 300.000 toneladas por ejercicio, dos tercios se concentran en escorias y arenas.

En ese campo es donde va a seguir trabajando la patronal, en especial a través del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía. «Una forma de fomentar la economía circular es que en los pliegos públicos se valore, de verdad, la utilización de este tipo de materiales. Lo ideal sería que, tras el precio, fuera un aspecto relevante en la puntuación final para adjudicar contratos», cierra Silván.

De cara a las alegaciones, igualmente habrá que ver si otro tipo de sectores se ven lo suficientemente perjudicados para recurrir el proyecto. En Asturias, por ejemplo, el clúster de Industrias Químicas también se ha opuesto a las pretensiones que se impulsan desde el Gobierno de Pedro Sánchez.