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El sector de la cogeneración lleva meses poniendo el grito en el cielo por la inseguridad jurídica a la que se estaba enfrentando ante la falta de una normativa clara sobre la retribución de este tipo de instalaciones que son un pilar fundamental para ... el funcionamiento de la industria. En Cantabria, por ejemplo, grandes complejos fabriles como el de Solvay en Torrelavega o Dynasol en Gajano se apoyan en esta herramienta para alimentar energéticamente sus exigentes procesos productivos.
Sin embargo, a pesar de ser un negocio regulado, la situación es de total incertidumbre. Como referencia, justo antes de terminar el año los cogeneradores advertían de que continuaban a la espera de que el Gobierno nacional hiciera realidad el compromiso anunciado en septiembre por el presidente, Pedro Sánchez, garantizando una urgente solución a la situación de esta tecnología.
La propia Asociación Española de Cogeneración (Acogen) describía con datos el penar del pasado ejercicio: un 40% de las plantas paradas y un 51% de caída de la producción a 15 de diciembre. El sector, en consecuencia, urgía la publicación de las retribuciones correspondientes al segundo semestre de 2022 y las del primero de 2023. En Cantabria, con las fábricas operando 'a ciegas', la producción en 2022 ha caído un 32% respecto a 2021. Sólo en el segundo semestre el desplome en términos interanuales llega hasta el 60%. La Comunidad cuenta con 15 instalaciones y una potencia agregada de 295 megavatios.
«En esta complicada situación, el sector muestra su preocupación y decepción ante las retribuciones para el primer semestre de 2022 -publicadas en diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE)--, que reducen la retribución a la cogeneración en un 30% frente al mismo semestre del año anterior, pese a que el precio del gas se ha multiplicado por dos durante el mismo periodo», afeaban desde Acogen.
60%cayó la generación de electricidad en Cantabria por esta vía en la segunda mitad de 2022
Una problemática que el colectivo no quiere prorrogar. Por ello, según fuentes industriales, se prepara un aluvión de reclamaciones ante el Tribunal Supremo en las que exigirán daños y perjuicios por las pérdidas millonarias derivadas de la subida del precio del gas y, en su opinión, la falta de diligencia de la Administración central para evitar ese quebranto.
Las plantas de cogeneración compran gas para alimentar sus procesos productivos, a través del cual obtienen electricidad con una retribución blindada por ley a través del denominado sistema Recore. Sin embargo, los afectados aducen que la escalada en el precio del gas, así como el menor precio de la electricidad en el mercado mayorista, han multiplicado las pérdidas.
De hecho, estas instalaciones no pudieron acogerse en un primer momento al sistema de compensaciones por el alto precio del gas que sí recibían los ciclos combinados en virtud de la excepción ibérica. Desde noviembre, las plantas pueden elegir cada mes si quieren adherirse al sistema de ajuste de la excepción ibérica o recibir la retribución garantizada del Recore. ¿El problema? Que precisamente era en esos meses iniciales de verano cuando la cotización del gas estaba elevada. Ahora, en cambio, la retribución estimada por el Ministerio de Transición Ecológica está basada en un precio -208 euros el megavatio- por encima de las tarifas actuales, lo que tampoco les garantiza ese pago, explicó esta semana El Periódico de España.
Solvay, por ejemplo, tuvo en verano más de dos meses parada su caldera de gas por el precio. La química belga confiaba en las medidas anunciadas por Sánchez para ayudar a estas instalaciones. No obstante, la reacción del sector y la batalla judicial que prepara habla bien a las claras del malestar en el colectivo.
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