La industria electrointensiva urge de nuevo un plan para la recuperación 'postCovid'

La economía es como una red capilar con estrechas conexiones. Lo que acontece en un ámbito de actividad tiene efecto en otros, aunque aparentemente no ostenten vínculo directo. Sin entrar en el tópico del 'efecto mariposa' y hablar de un virus en China que ha colapsado buena parte del planeta, la industria se enfrenta ahora a riesgos acentuados en esta etapa tras el paso del coronavirus. Como ejemplo paradigmático, la gran siderurgia y metalurgia electrointensiva, que vuelve a reclamar a la Administración que agilice la batería de medidas planteadas para elevar la competitividad de sus costes energéticos, un plan que parece haber quedado en el cajón ante las urgencias derivadas del Covid-19.

«Hay mucho más nerviosismo», admite Alberto Fuentes, director de Ferroatlántica, adscrita al Grupo Ferroglobe, en la fábrica que tiene en Boo de Guarnizo (Astillero). El directivo es claro y viene a poner voz en Cantabria a las reivindicaciones de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), una nueva reivindicación ante el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos. «Para nosotros se hace ahora muchísimo más importante» el conjunto de mecanismos para ayudar a reducir la factura eléctrica de las grandes factorías.

«Ahora se duplican los problemas», admite Fuentes, que a las dificultades derivadas del coste energético, muy por encima de sus competidores europeos, agrega en la actualidad el impacto del coronavirus. «La bajada de volúmenes asusta», reconoce, para agregar que la coyuntura «está afectando a la actividad general». En el caso concreto de Ferroatlántica y el sector metalúrgico, las dudas en la automoción en su camino hacia la electrificación, así como la paralización de la obra pública, han provocado un recorte importante de actividad.

AEGE, que en Cantabria además de a Ferroatlántica tiene entre sus miembros a Global Steel Wire, la gran forja de Forgings & Castings en Reinosa o la planta de cloro de la portuguesa Bondalti en Barreda, envió días atrás a los gobiernos autonómicos y al Ministerio de Industria una carta recordando la urgencia de aprobar las herramientas para respaldar al sector, iniciativas que no han avanzado nada en los últimos meses.

En esa misiva remitida por AEGE se ha puesto el foco en tres aspectos capitales que no acaban de concretarse, Para empezar, dos factores: que se alcance la cuantía máxima permitida (275 millones) de las compensaciones del CO2 indirecto y que se potencie el servicio de interrumpibilidad, dotándolo de potencia suficiente (2.000 megavatios) como hacen en otros países europeos.

A este respecto, AEGE entiende que la compensación del CO2 indirecto de 2019 ya ha empezado su andadura y ahora falta dotarla presupuestariamente con las aportaciones de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, 1.240 millones que ya se han recaudado.

Sobre el servicio de interrumpibilidad, el colectivo propugna que hay que mantener y potenciar el modelo actual, más si cabe en la particular coyuntura en la que las empresas necesitan ayudas y mimbres para hacer despegar su actividad. AEGE ha recordado que Italia cuenta con una capacidad de interconexión con Europa central de 4.000 megavatios y su potencia interrumpible es de 4.400 megavatios, unos parámetros reforzados en abril. En Francia y Alemania -que disponen de mayor capacidad de interconexión- disfrutan como mínimo de 1.500 megavatios de potencia interrumpible.

El caso de España no aguanta la comparación. El país dispone hasta el 30 de junio de solo 1.000 megavatios. Peor aún, las partes afectadas no conocen todavía el planteamiento de la Administración para llevar a cabo la subasta del segundo semestre, que deben llevarse a cabo en junio, algo que el lobby tilda de «inaudito». Fuentes remacha que Red Eléctrica está trabajando para hacer una subasta no presencial, pero la Administración aún no se ha pronunciado. AEGE confía en que el Ejecutivo anuncie ya una nueva subasta con 2.000 megavatios de potencia interrumpible, en línea con los vecinos europeos.

El problema, señalan, se halla en el Ministerio de Transición Ecológica. Es el que aún no ha movido ficha y debe consignar todos estos proyectos. Incluido el ansiado estatuto electrointensivo.