La industria ve «imposible» competir por proyectos 'verdes' con el coste actual de luz

Una vulnerabilidad que puede condicionar el futuro, puesto que las ansiadas medidas como el estatuto electrointensivo, reclamado con insistencia por las empresas desde hace tiempo, aún están por llegar y los borradores por el momento no satisfacen a aquellas compañías que más lo anhelan.

Así quedó claro el martes en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de Teresa Rasero, presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) -a la que pertenecen empresas con gran peso en Cantabria como Ferroatlántica, Global Steel Wire, Forgings & Castings o la portuguesa Bondalti-, que acudió a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico dentro de la tramitación del proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Rasero destacó la necesidad de la ley pero señaló que la sostenibilidad ambiental debe ir de la mano de la sostenibilidad económica y que «no podremos hacer una transición energética justa si no tenemos una industria que la soporte».

El razonamiento nuclear de AEGE pasa por elmiedo de los electrointensivos a perder las oportunidades que se presenten con la transición ecológica. El despliegue de las renovables, que se acelerará con los denominados 'fondos verdes' de la Unión Europea, demandará enormes cantidades de semifacturas como el acero, el aluminio o el cemento, pero los grandes productores alertan del peligro de que esa necesidad sea cubierta desde otros países por el diferencial de costes energéticos que lastra a la gran industria nacional frente a sus competidores europeos.

«Imposible» fue el término utilizado durante la comparecencia. Rasero recordó que la transición energética puede ser una gran oportunidad para esta industria porque para la construcción de un sólo aerogenerador se necesitan seis toneladas de cobre, siete de aluminio, 300 de acero y 400 de cemento. Sin embargo, añadió que estas plantas se pueden quedar al margen de estos proyectos por el precio de la electricidad en España. «En 2020 la energía se ha abaratado, es cierto, pero el diferencial con países como Alemania o Francia, donde hay compensaciones para el sector, es de entre 20 y 25 euros el MWh, lo que supone que la industria española pague el doble que sus competidores», destacó.

Además, apuntó que el estatuto del consumidor electrointesivo que tramita el Gobierno, en su última versión conocida, «es insuficiente» porque trata de llegar a muchas empresas sin resolver los problemas de las firmas más afectadas.

En este sentido, el diputado del PSOE Germán Renau apuntó que el estatuto del consumidor electrointensivo «está a punto de ver la luz con las modificaciones que propuso la Cámara Baja.

Sin embargo, su homólogo del PRC, José María Mazón, no tiene tan claro que el texto definitivo vaya a incluir las reivindicaciones llevadas a Madrid de forma conjunta por Cantabria, Asturias y Galicia. «Tiene mala pinta lo de las alegaciones. No nos han llamado y en la reunión que tuvieron las electrointensivas con la secretaria de Estado no sacaron nada muy en claro. Da la impresión de que no va a cambiar mucho el borrador que había encima de la mesa. De hecho, la aprobación tendría que ser inminente. Saben lo que piensa todo el mundo», afirmó.