El Gobierno apoya el impuesto al diésel a pesar de las contradicciones internas

La titular de Industria aclaró, en un vídeo distribuido por Twitter, que se habían «sacado de contexto» sus palabras en torno al anuncio de de Pedro Sánchez sobre el gasóleo. Reyes Maroto había afirmado horas antes que ante esta medida, con un importante calado entre millones de conductores y en toda una industria que depende de su producción, aún no estaba definida. Y había calificado esta posibilidad como un «globo sonda». Esto es, un planteamiento para testar cómo respira la sociedad y solo después actuar en un sentido o el contrario.

Incluso había apuntado que el Gobierno «ni siquiera lo ha anunciado todavía». «Vamos a esperar», indicó por la mañana, cuando todo el Ejecutivo, incluido Hacienda, ya cuenta con aplicar la subida al gasóleo para que sus precios en las estaciones de servicio se equiparen a los de las gasolinas. «Trabajamos con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y en los consumidores», afirmó la ministra del ramo industrial.

La determinación del presidente, así como de la mayor parte de su gabinete, forzó a Maroto a reaparecer justificando sus palabras en que ella se refería a la situación del diésel durante este verano y el impacto que tenía entre los consumidores y en los concesionarios.

No es la primera vez que surgen versiones contradictorias sobre esta medida. En julio, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró claramente favorable a esta nueva fiscalidad, que pasaría por ir elevando su precio hasta equipararlo con el de la gasolina. Según los últimos datos del Boletín de Productos Petrolíferos de la UE el coste medio del diésel en España es de 1,23 euros, y el de la gasolina, de 1,33 euros, con una diferencia que se mantiene en torno a los diez céntimos de euro. Indicaba entonces que el «impacto» del gasóleo en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir prensando en un proceso de salida». Pero la propia Maroto reconoció poco después que esas palabras de su compañera de consejo de ministros «no fueron acertadas».

Sin embargo, el Gobierno está decidido a incrementar la imposición fiscal sobre este tipo de combustible porque, a juicio del presidente Pedro Sánchez el gasóleo es «altamente contaminante». Además, lo hacen porque el Ejecutivo del PSOE es «ecologista» y «comprometido con la transición ecológica». «Todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto», apuntó.

En los intereses del sector automovilístico se encuentra una de las claves para entender las consecuencias de esta medida. Desde la patronal de fabricantes (ANFAC), han señalado de forma insistente la «posición muy relevante que tiene España como productos de vehículos diésel y sus motores». La industria emplea a 40.000 trabajadores y cuenta con 17 grandes fábricas de las que salen al año 1,2 millones de vehículos diésel.

Cuando el Gobierno, nada más tomar posesión, anticipó esta posibilidad, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aclaró que los ciudadanos iban a notar de forma «mínima» la subida de la fiscalidad del diésel. Porque lo harían «de forma progresiva». Aunque, en cualquier caso, alcanzará esa equiparación que se pretende a medio plazo. Sánchez sí confirmó ayer que de este incremento de impuestos quedarán exentos los conductores profesionales. El sector espera que, con estas y otras medidas, los diésel pierdan parte de la cuota de mercado que ahora tienen, pero consideran modelos imprescindibles para determinados tipos de uso y consumidores.