La Inspección de Trabajo en Cantabria pone el foco en las empleadas del hogar

La campaña inspectora y de sensibilización tiene un 'target' muy definido. En concreto, según explica el propio Gobierno autonómico, está enfocada a los empleadores que tienen en sus hogares a una trabajadora a jornada completa.

Como objetivo principal, comprobar que la remuneración de las trabajadoras del hogar -y, por consiguiente, las bases de cotización- se ajuste a la cuantía actualmente marcada del salario mínimo interprofesional (SMI), que a día de hoy se sitúa para una jornada completa en 950 euros al mes en 14 pagas -1.108,33 euros al mes con prorrateo de las extra- y para jornada por horas en 7,43 euros la hora. Es decir, que los salarios se hayan actualizado en función del progresivo incremento del SMI.

La Inspección ha empezado a enviar cartas a los empleadores para preguntarles acerca de la situación de este colectivo. Para proceder a la regularización del salario, el titular del hogar deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social la retribución actual real de la trabajadora desde el 1 de enero de 2021. En Cantabria se han remitido inicialmente unas 500 misivas con el mencionado requerimiento.

No sólo eso. Según el objetivo de esta campaña nacional, el plan igualmente prestará atención a la lucha contra la economía irregular y dará prioridad a las denuncias presentadas en el sector y a las comunicaciones recibidas en el buzón del organismo autónomo de control laboral.

Aún con todo, estas actuaciones se topan con un obstáculo en absoluto baladí, puesto que la legislación no contempla los domicilios particulares como centros de trabajo, lo que limita la capacidad de la Inspección y aumenta la desprotección de las trabajadoras.

El de las empleadas del hogar ha sido uno de los colectivos sensiblemente golpeados por la crisis del covid en todo el territorio nacional. Sin ir más lejos, el Gobierno español tuvo que poner en marcha un subsidio especial por el despido de más de 20.000 trabajadoras durante el confinamiento de primavera, tras quedar en evidencia las carencias de este sistema, que tampoco ha conseguido atajar completamente el peso de la economía sumergida en las tareas de limpieza y cuidados domésticos.

De hecho, aquella cuarentena, con las limitaciones a la movilidad y a la actividad, tuvo consecuencias notables sobre los trabajadores que generan sus ingresos en la economía sumergida, de modo que tampoco podían acceder a las prestaciones por ERTE o cese de actividad. «Las restricciones a la movilidad impiden que el colectivo de trabajadores en economía sumergida pueda seguir desarrollando su actividad, lo que en muchos casos supone eliminar su única fuente de ingresos», explicaba meses atrás David Cantarero, profesor titular de la Universidad de Cantabria y experto en la materia.