PAM insta a las administraciones a la aplicación correcta de la ley contra la competencia asiática

Precisamente ahí está la cruzada de PAM, único productor en España de tubo de fundición dúctil y cuya fábrica está a la vanguardia europea en eficiencia, calidad y costes. Con 270 trabajadores en la factoría enclavada en Nueva Montaña, unos 320 en todo el país sumando personal de oficinas y delegados comerciales, la organización lleva tiempo manteniendo reuniones tanto en Cantabria -Ejecutivo regional y Ayuntamiento de Santander, entre otros-, así como en Madrid para que la directiva 2014/25 se aplique en su integridad para favorecer el producto local frente a países donde no existe la denominada reciprocidad, esto es, que las empresas europeas tampoco pueden hacer negocio allí, caso de los mercados asiáticos. ¿El problema? Al trasponer la directiva, años después y bajo amenaza de sanciones por parte de Bruselas, España dejó fuera a las licitaciones públicas, en la práctica cerca del 95% de los contratos a los que opta o participa PAM.

El gigante francés con factoría en Cantabria insta por tanto a todas las administraciones a una correcta aplicación. En concreto, la Ley de Sectores Especiales, articulada a través del Real Decreto Ley 3/2020 (agua, transporte, energía) que traspone la directiva excluye a las administraciones públicas por estar incluidas en la Ley de Contratos de 2017, por lo que éstas aparentemente no pueden aplicar el Artículo 70 (Artículo 85 de la Directiva) en contratos relativos al agua.

Sin embargo, la jurisprudencia continental prevalece sobre la nacional, y aquí sí se incluye a las administraciones públicas, de modo que en las licitaciones sí se puede reclamar ese certificado de reciprocidad.

Tal es así que incluso la propia Unión Europea cuestionó a finales del pasado año al Gobierno presidido por Pedro Sánchez por el estado de la correcta transposición y los motivos por los que en un primer momento había excluido al sector público de esa aplicación. Bruselas dio unas semanas al Ejecutivo, en especial al Ministerio de Hacienda, para responder.

El director general de Saint-Gobain PAM España, Francisco Javier Fernández Campal, explica a El Diario que su organización se ha quedado en una situación de clara desventaja respecto a la competencia asiática, más todavía cuando en otros países como Italia o Francia aplican de forma correcta la directiva europea. «Lo que nosotros conocemos como 'directiva de reciprocidad' existe desde 2014. España tuvo cinco o seis años para trasponerla al derecho español. En 2020 la Comisión Europea amenazó a España con multas millonarias si no la trasponía, por lo que se hizo en febrero de 2020, justo antes de la pandemia», comienza.

¿Cuál es el quid principal de la cuestión? «La directiva lo único que dice es que un licitador en España puede excluir productos de aquellos países que no tienen reciprocidad comercial con Europa. No obliga a echarlos, sino que es una posibilidad», anota.

¿Por qué quedó exenta la Administración pública? «No sabemos las razones exactas. Quizá la reciente Ley de Contratos del Sector Público hizo pensar a alguien que las administraciones ya estaban comprendidas allí. Pero la directiva no dice eso, sino que es aplicable en toda licitación», precisa Campal.

Saint-Gobain PAM lleva tiempo haciendo una labor pedagógica para que la Administración tenga en cuenta esta situación. Ha hablado con diferentes consejerías del Gobierno cántabro -Obras Públicas, Industria, Presidencia-, todas ellas «con una respuesta positiva y que rápidamente entienden el problema». Igualmente con el Ayuntamiento de Santander.

270trabajadores tiene Saint-Gobain PAM en su fábrica de Nueva Montaña

Sin embargo, se han dado ya casos de adjudicaciones de municipios en el Arco de la Bahía que han optado por ofertas de saneamiento con tubo indio en detrimento de los que tienen a escasos kilómetros de sus despachos.

Las reuniones también se están sucediendo a nivel nacional, por ejemplo con el Ministerio de Hacienda. En paralelo, se solicitó hace unos meses una cita con la delegada del Gobierno de Cantabria, Ainoa Quiñones, que todavía está pendiente de celebrarse. En todo caso, la multinacional entiende que quizá los encuentros tengan que trasladarse incluso a Bruselas en función del devenir de los acontecimientos.

Porque además de este desafío PAM se enfrenta a los retos propios de todo el sector industrial, en especial con la escalada de costes sufrida desde mayo del pasado año. «En los últimos años habíamos conseguido ser viables. La primera mitad de 2021 empezamos muy bien, pero a partir de mayo la cosa se torció. Nuestra materia prima es la chatarra y el lingote. Sus precios se han duplicado y triplicado. La energía en un primer momento no nos impactó, pues habíamos hecho 'coberturas': contratos con anterioridad para reservar consumo a precios razonables. Este año estamos sufriendo más puesto que lo estamos pagando a precio de mercado. La situación de Rusia y Ucrania no ayuda», opina.

La compañía tendría que subir más de un 30% el precio de venta del tubo para cubrir los costes. El pasado año se cerró con una facturación próxima a los 110 millones, que no bastó para llegar a números negros.