Intervención rechaza las cuentas de la Zona Franca de Santander de 2016

Este mes y medio corresponde al momento en que la entidad pasó a ser pública y hasta fin de año. Intervención insta al consorcio a elaborar un informe de gestión que contenga las explicaciones que se consideren oportunas respecto a la situación y evolución. La entidad tendrá que presentar, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asume como consecuencia de su pertenencia al sector público.

Cámara aseguró que ya se está realizando el proceso por lo que, garantizó, las cuentas de 2017 «serán favorables». El responsable de la Zona Franca de Santander no dio transcendencia al resultado del informe elaborado a través de la Intervención Regional. Las cuentas sí han sido aprobadas en el Pleno del consorcio y de las tres opciones de auditoría: positiva, negativa y denegada, se ha determinado esta última. «Es lógico lo que ha ocurrido», precisó Cámara, para quien lo preocupante hubiera sido un informe negativo resultado de una mala gestión.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el informe de Intervención junto con las cuentas de 2016. «La importancia del riesgo alcanzado, la seria debilidad de los sistemas de control interno y la no obtención de evidencia suficiente de auditoría en una parte significativa del control, impide obtener una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría», señala en el documento.

La Intervención, que indica que el inmovilizado material del Consorcio asciende a 2,3 millones de euros y representa el 75% del valor total del activo, señala que el inventario que lleva la entidad «presenta importantes y significativas carencias y deficiencias, hasta el punto de no permitir ofrecer una mínima fiabilidad».

Además, subraya que no existe un procedimiento establecido sobre la gestión del inventario: «Los datos que ofrece la contabilidad no se corresponden en ningún caso con los registrados en el mismo, existiendo importantes discrepancias en todas las cuentas contables, tanto en lo referido al valor de adquisición como al de su amortización acumulada».

La auditoría no ha podido identificar, ni en inventario ni en contabilidad, la mayoría de las construcciones existentes, encontrándose bajo una denominación genérica, «imposible de desglosar», lo mismo respecto del resto del inmovilizado, especialmente, el de mayor antigüedad. Tampoco ha sido posible obtener una valoración individualizada y justificada, pues «no se ha aportado documentación justificativa suficiente, o bien, allí donde se obtuvo algo de información, las diferencias entre lo documentado, inventariado y contabilizado resultaban insalvables».

La Intervención pone de relieve que la entidad tiene dotada una reserva por actualización de balances por 476.300 euros, respecto de la que desconoce qué elementos del inmovilizado resultaron actualizados, ni en que cuantías.

Llama la atención sobre un aspecto de las cuentas anuales como es que el volumen de fondos propios asciende a 2.962.323 euros, lo que representa el 95% del pasivo, «pero en las cuentas no figura ningún importe en concepto de capital/fondo social, comprobándose que, a lo largo de la vida de la entidad, este concepto ha aparecido y desaparecido de forma intermitente». La Intervención ha detectado una serie de «incumplimientos» que «conllevan una irregular gestión».

La entidad ha facturado en el periodo auditado 221.148 euros (en todo el ejercicio 2016, 1.192.272 euros) los cuales se imputan al concepto de 'prestación de servicios» de la cuenta de pérdidas y ganancias. En la auditoría se explica que este volumen de ingresos responde a la aplicación de unas tarifas para dicho ejercicio que «en ningún caso» cuentan con aprobación del comité ejecutivo, y tampoco han sido objeto de información y publicación, «desconociéndose los criterios que la entidad manejó para su fijación, determinación y aplicación». Otro «incumplimiento» se refiere a la partida de gastos de personal, que ha ascendido en mes y medio a 101.232 euros y en todo 2016 a 500.948. La Intervención apunta que las retribuciones del personal «no responden a ninguna de las estructuras retributivas fijadas para los empleados públicos». Se reconducen a un solo epígrafe, «sueldos», y los importes «no se ajustan a ninguno de los fijados en la normativa vigente aplicable en función de grupos y categorías del personal».