Los jueces dejan en manos de los fondos acreedores el control del grupo Celsa

El Grupo Celsa es dueño en Cantabria de la Global Steel Wire y Tycsa. Global Steel Wire es la primera empresa de la región por contribución al PIB industrial, al que aporta el 3,3%, al igual que el grupo al que pertenece lo es a nivel nacional, tanto en aportación al PIB como en generación de puestos de trabajo y en el desarrollo de tecnologías y sistemas de producción que aseguran la autonomía industrial y la generación de empleo de calidad, tanto en Cantabria como en el resto de España y en Europa en un sector fundamental, como es la producción de acero.

El origen del conflicto se remonta casi una década atrás, cuando la banca aceptó refinanciar la compañía, que había sufrido un duro golpe en la crisis del ladrillo. Buena parte de su producción, como es el acero corrugado que fabrica Nervacero, va destinado al sector de la construcción y es además un producto que viaja mal porque su valor añadido es reducido. En 2017 los bancos comenzaron a deshacerse de la deuda, traspasando los créditos a precios de saldo a fondos de inversión.

En algunos casos con descuentos de hasta el 80% -los bancos llegaron a la conclusión de que el futuro de la empresa era muy negro-, la deuda acabó en manos de fondos que, por sus características, suelen llevar el apellido coloquial de «buitres». La deuda es abultada. Unos 2.800 millones de euros en cifras actuales. En 2020 la empresa dejó de pagar algunos de sus vencimientos de deuda, aquejada en este caso por el parón de la pandemia y la negativa de la banca a abordar una nueva refinanciación. Un grupo de fondos, encabezados por Deutsche Bank, iniciaron entonces una batalla judicial para reclamar el pago de la deuda.

El plan presentado por los fondos y que ahora ha sido validado por la justicia incluye la conversión de 1.291 millones de deuda en acciones, lo que les permitiría pasar a ser propietarios de prácticamente la totalidad de la compañía. Los fondos defendieron en su plan que el valor real de la empresa era incluso inferior al de la deuda, pese a que los propietarios, la familia Rubiralta, argumentó que ese valor superaba los 6.000 millones de euros.

Al margen de la decisión judicial la empresa está pendiente de la concesión de una ayuda de rescate por importe de 550 millones de euros que había comprometido el Gobierno, dentro de las ayudas Covid.