El juez condena a los exconsejeros de Sniace por los vertidos, aunque con penas mínimas de cárcel

A todos ellos se les considera penalmente responsables de un delito contra el medio ambiente por omisión. Y a Francisco González Payno, responsable de Operaciones en aquel momento, se le señala directamente como el autor de estos ilícitos penales, en la línea de lo esbozado ya por el Ministerio Público, que en sus conclusiones tras la celebración de la vista oral en julio redujo sus peticiones de condena de dieciséis a seis meses de cárcel. El juez Hoya ha ido incluso más allá, puesto que las penas son inferiores.

El fallo, que no es firme y puede recurrirse, también condena a la propia Sniace SA como responsable subsidiaria de las consecuencias civiles derivadas del delito contra el medio ambiente. En paralelo, por la vía de responsabilidad civil, «los condenados juntos y solidariamente deberán indemnizar a la Confederación Hidrográfica en la cantidad que se determine en periodo de ejecución de sentencia conforme a la normativa de aplicación dentro de los periodos en que se efectuaron los vertidos y la normativa administrativa aplicable a los mismos conforme a su vigencia». En este sentido, la Abogacía del Estado reclamaba 49,87 millones de indemnización, mientras que la sentencia asume el criterio del Ministerio Fiscal de que la concreción de esta responsabilidad se difiera al trámite de ejecución. En todo caso, Sniace, en liquidación, será responsable civil subsidiaria del pago.

La sentencia igualmente incluye una de las solicitudes de las defensas, que pedían la libre absolución. El magistrado no se aviene a tal escenario, pero sí acepta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del procedimiento. Además, se imponen multas durante cinco meses a razón de seis euros por día, unos 900 euros; así como al abono de las costas del proceso.

Para el titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander resulta que «consecuentemente con lo expuesto en el fundamento precedente, resulta palmaria la comisión por los acusados del delito del que vienen acusados, al concurrir en su conducta la totalidad de los elementos del tipo penal». Hoya se refiere a que «como ya se ha señalado hasta la saciedad y se constató en el plenario, el director de Operaciones no tenía competencia para ordenar el cese de la actividad y era consciente del contenido contaminante de los vertidos, pero podía y debía haber alertado de las consecuencias de continuar con la producción y los vertidos. Al igual que como también se ha reiterado que el Consejo de Administración, a pesar de conocer todos los antecedentes y resoluciones, no adoptó las medidas necesarias para su corrección y evitación, razones las citadas que abocan a la declaración de autores de todos los encausados».

A más, «queda fuera de toda duda que los encausados miembros del Consejo eran conocedores no sólo del contenido y analíticas de los vertidos, de su poder contaminante y de la carencia de autorización administrativa, pues esta había sido revocada y así ha sido recogido por una sentencia previa del Supremo».