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El Juzgado de lo Social nº 4 de Santander ha condenado a Intecma Gomur, principal empresa de servicios de Solvay en Torrelavega, por infracción «muy grave» contra los derechos de los trabajadores al decretar de manera unilateral los servicios mínimos en su centro de Barreda durante la huelga del metal que comenzó el 2 de junio y se prolongó durante 20 días.
La empresa, por indicación de la dirección de Solvay, fijó unos servicios mínimos el día anterior al inicio de la huelga, sin ninguna cobertura legal que la habilitase. Así lo recoge la sentencia, que indica que «la empresa no sólo designó de forma unilateral a los trabajadores que debían realizar los servicios mínimos sin contar con el Comité de Huelga, sino que además lo hizo el día 1 de junio, un día antes de que la Consejería de Industria fijara los servicios mínimos».
El sindicato USO acaba de difundir en un comunicado este fallo judicial. La organización recuerda que ya en su momento consideró que vulneraba el derecho de huelga de los trabajadores, en especial por adoptarse cuando estaba en discusión si los servicios mínimos mismos debían ser fijados por el Gobierno de Cantabria.
La subcontrata ha sido condenada una vez que ha quedado acreditado la vulneración del derecho de huelga por parte de los trabajadores a indemnizar al sindicato demandante USO en la cuantía de 7.501 euros en atención a la tipificación de falta muy grave por la aplicación de Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Gomur advirtió a un total de 16 trabajadores que de no acudir al centro de trabajo en las fechas impuestas podrían incurrir en una falta grave e incluso sufrir un despido disciplinario. Por ello, esta sentencia, que ha sido promovida por los servicios jurídicos de USO, bajo la dirección del letrado Eduardo Porcelli, abre ahora la posibilidad de que las personas designadas para la realización de los servicios mínimos por parte de la empresa puedan reclamar una indemnización por daños morales por la vulneración de su derecho de huelga y puedan realizar reclamación por el mismo importe que al que ha sido indemnizado el sindicato.
Además, según USO, la resolución del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander, «fija clara y nítidamente, en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en las empresas no esenciales los servicios mínimos no pueden ser fijados unilateralmente por la empresa, sino que tienen que ser fijados de mutuo acuerdo con el comité de huelga. Y en caso de que sean consideradas como esenciales, debe atenerse a lo dispuesto por la administración pública competente, en este caso la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria».
No es el primer varapalo judicial alumbrado al calor de la huelga del metal del pasado junio. Sin ir más lejos, en noviembre Comisiones Obreras difundió otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estimando un recurso contra los servicios mínimos en tres empresas auxiliares durante la huelga por considerar que no representaban ninguna actividad «esencial» para la Comunidad y que, por tanto, el Gobierno de Cantabria no tenía facultad de imponer servicios mínimos en ellas durante el desarrollo de las protestas.
En concreto, las resoluciones establecían los servicios para mantener la continuidad mínima en las empresas Logic Move y Steel Logistics Cantabria, subcontratas de Global Steel Wire; y en Servicios Industriales y Concesionarios MOP SL, empresa auxiliar de Solvay Química.
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Ana del Castillo
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