El juez decreta el embargo a los dueños de Sonrionansa por la crisis de la piscifactoría

En un auto fechado el pasado 3 de noviembre, el magistrado Carlos Martínez de Marigorta admite la petición efectuada por los concursales en febrero. La declaración del estado de alarma y la imposibilidad de citar a los demandados posteriormente en septiembre llevaron a la tramitación por escrito de las mencionadas medidas cautelares. Este auto, no obstante, aún puede recurrirse en apelación.

El diagnóstico de la administración concursal empieza a converger con el análisis de otros de los accionistas de Sonrionansa. Por ejemplo, el Bufete Rosales interpuso una querella en el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Vicente por supuesta administración desleal y fraude contra Alonso y Sainz Millán, así como frente a Rosendo Llorente Martín, secretario del Consejo. Esta vía penal está abierta después de ser admitida a trámite la pretensión de Rosales.

De vuelta al procedimiento mercantil derivado de la solicitud de concurso de acreedores -el preconcurso para evitar una traba de la Seguridad Social se pidió en mayo de 2019-, Martínez de Marigorta recoge las principales incidencias observadas por los administradores. «Hemos considerado concurrentes indicios de la asunción de un crédito de 700.000 euros gracias a una posible simulación de situación patrimonial ficticia, así como de salidas fraudulentas por importe de 261.000 euros, crédito de 145.000 euros por asunción de gastos de una sociedad vinculada y otro superior a 500.000 por ventas que no se han recuperado en operativa corriente ni reclamado a la compradora vinculada. El déficit concursal propuesto por los administradores es de 1.010.482,81 euros y las conductas referidas como posible base de una calificación culpable son imputables a ambos administradores», reza la resolución, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés.

Además de los bienes y derechos de Alonso y Sainz Millán, de forma preventiva igualmente se traban las participaciones sociales de Sonrionansa del primero, así como saldos de cuentas bancarias. La decisión se fundamenta en un procedimiento de comprobación de la Agencia Tributaria (AEAT), con acta de inspección de febrero y rectificación de propuesta de sanción el pasado junio, mediante la cual «se han descubierto dos hechos de relevancia para la calificación culpable».

El primero afecta a fondos públicos y se retrotrae a la ampliación de 21 de diciembre de 2018. Los administradores aprecian que Sainz Millán y Martín Alonso emplearon prácticas irregulares para suscribir 400.000 euros de dicha ampliación pues los fondos supuestamente procedían de la propia Sonrionansa, habiendo transferido desde esta a los anteriores un total de 508.199,79 euros, de ellos 378.399,79 corresponderían al Instituto Europeo de Emprendimiento (gestionado por Sainz Millán) y los 129.800 restantes a Martín Alonso. Con la obtención previa de estos fondos generaron el artificio de reinyectar 400.000 euros como fórmula de ampliación de capital», 310.000 y 90.000 euros, respectivamente.

Los concursales sostienen que «toda esta operación se comete en fraude de acreedores porque una de las condiciones impuestas por el ICAF para la formalización impuesta por importe de 700.000 euros de nominal para financiar el proyecto requería como condición previa la formalización de una ampliación de capital, por aportación dineraria de idéntico importe por parte de los socios de Sonrionansa». Cantidades en las que se cuantifica el negocio simulado con fondos de origen irregular.

El auto también se detiene en el perjuicio por las ventas a Conservas Rionansa SL, en la que figuraban los mismos consejeros que en la piscifactoría. «El traspaso de 573.141,56 euros en valor neto de existencias y la falta de cobro de la venta de las mismas, así como la asunción de gastos por importe de 145.043,02 euros, al menos durante un ejercicio y medio completo (mitad de 2018 y todo 2019), supone un daño a los acreedores», coligió el administrado r en su momento.

Respecto al segundo gasto, dice el juez que «concurren indicios de actuación gravemente culposa de los administradores y de producción de un resultado de crédito concursal insatisfecho, agravando la insolvencia», concluye Marigorta.

El Juzgado cifra en 8,62 millones el pasivo concursal -5.95 millones en créditos ordinarios-. El administrador no avala la propuesta de convenio, que sólo han respaldado tres acreedores. «Muy por debajo» del 50% de la lista de perjudicados.