El juez examina la gestión de Sonrionansa en busca de administración desleal y fraude

El desarrollo de la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, se ha visto igualmente ralentizado por la irrupción del coronavirus, pero ha sufrido un avance notable a finales de junio. En un auto, la magistrada cita a declarar en calidad de investigados -antes imputados- a los consejeros de la compañía, incluidos los dos principales representantes de Sonrionansa durante esta fallida etapa: Martín Alonso y Antonio Sainz Millán.

Los problemas para los empresarios no acaban ahí. El próximo 14 de julio está prevista una vista en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander para resolver acerca de la petición de la Administración Concursal, asumida por Forensic Solutions SLP, en la que solicita la suspensión de facultades del órgano de administración de la sociedad y «la adopción de determinadas medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo de los bienes de los querellados, integrantes del Consejo de Administración, Antonio Sainz Millán, Martín Alonso Rotaeche y Rosendo Llorente Martín -secretario del Consejo- en cuantía suficiente para cubrir el déficit patrimonial que entiende han causado a Sonrionansa por operaciones fraudulentas, en principio fijado en 1.085.611,45 euros», se recoge en la querella.

Igualmente se reclamaba la suspensión de la Junta de Acreedores prevista para el pasado 16 de abril, y que por la crisis del covid-19 no se celebró.

La ofensiva penal contra los gestores de la piscifactoría la lidera otro de los accionistas de la entidad, Bufete Rosales. En su alegato, empieza a repasar lo que han sido estos tres años y medio de aventura industrial y los presuntos delitos que a su juicio se han producido.

Según el escrito, los supuestos actos fraudulentos descubiertos por los administradores se recogen en un acta de inspección de la Agencia Tributaria. En dicho documento figura que Sonrionansa ha anotado en el libro de facturas recibidas correspondientes a 2018 facturas de las mercantiles Inmobiliaria Altos Aires SL y Explotación Agropecuaria Rucandio SL con una base imponible respectiva para cada una de estas sociedades de 158.000 y 58.064 euros. La Inspección cuestiona la certeza y realidad de las operaciones reflejadas en las facturas y considera que «las prestaciones de servicios que se recogen en dichas facturas no se han producido, no son ciertas y no han podido ser realizadas por las entidades emisoras» por las razones de su inactividad; carencia de infraestructuras y reacción de la emisora de regularización; por lo que se concluye en este aspecto que «se aprecia una dirección única de toda la operación, y que las tres entidades (dos emisoras y una receptora de la factura) están bajo la dirección de la misma o mismas personas que son conocedoras de la situación tributaria de todas ellas y del cumplimiento de sus obligaciones formales actuando de forma concertada para intentar justificar la deducibilidad de IVA presuntamente soportado por Sonrionansa SL en las facturas de estas dos entidades».

Según Hacienda, «existe vinculación o relación entre Sonrionansa y las otras dos mercantiles» al ser la administradora de estas últimas familiar de Antonio Sainz, que igualmente forma parte de la administración de Altos Aires. Los inspectores fueron más allá y anotaron que «de la documentación aportada por las entidades bancarias resulta que, curiosamente, ambas sociedades transfieren de forma inmediata la mayoría de los fondos recibidos a la misma sociedad: Instituto Europeo para el Emprendimiento», gestionado por el empresario. La suma de estas operaciones asciende a 261.735,45 euros.

Pero hay más. La Inspección también advirtió una serie de facturas que no contaban con los requisitos necesarios para obtener el derecho a deducción. Según figura en la querella, la piscifactoría acaba reconociendo al fisco que «existen diferencias entre las facturas emitidas por la prestadora del servicio y las aportadas a la Inspección, explicando que la causa de ello está en el interés de Sonrionansa SL de recibir unas subvenciones del Gobierno de Cantabria, para lo cual el texto de la factura debe ser el que consta en las facturas aportadas».

En este constante trasiego de fondos entre sociedades con diversa relación, la querella igualmente se detiene en lo que considera como una ampliación de capital «fraudulenta», la formalizada el 21 de diciembre de 2018. Aquí Bufete Rosales se apoya en las conclusiones de los administradores concursales, que coligen «con suficiente certidumbre» que Sainz Millán y Martín Alonso emplearon prácticas irregulares para suscribir 400.000 euros de dicha ampliación «pues los fondos para ello, como se viene diciendo, procedían de la propia Sonrionansa, habiendo transferido desde esta a los anteriores un total de 508.199,79 euros, de ellos 378.399,79 corresponderían al Instituto Europeo de Emprendimiento y los 129.800 restantes a Martín Alonso y con la obtención previa de estos fondos generaron el artificio de reinyectar 400.000 euros como fórmula de ampliación de capital», 310.000 y 90.000 euros, respectivamente, señala la parte querellante.

A este respecto, los concursales sostienen que «toda esta operación se comete en fraude de acreedores porque una de las condiciones impuestas por el acreedor Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) para la formalización impuesta por importe de 700.000 euros de nominal para financiar el proyecto requería como condición previa la formalización de una ampliación de capital, por aportación dineraria de idéntico importe por parte de los socios de Sonrionansa». Cantidades en las que se cuantifica el negocio simulado con fondos desembolsados con origen irregular.

La documentación asimismo incluye el perjuicio por las ventas a Conservas Rionansa SL, en la que figuraban los mismos consejeros que en la piscifactoría. «El traspaso de 573.141,56 euros en valor neto de existencias y la falta de cobro de la venta de las mismas, así como la asunción de gastos por importe de 145.043,02 euros, al menos durante un ejercicio y medio completo (mitad de 2018 y todo 2019) supone un daño a los acreedores», colige el administrador. Rosales ha reclamado la anulación de esa ampliación, ya que supuestamente los investigados obtuvieron de forma gratuita y fraudulenta una mayor participación en el capital, diluyendo el peso del resto de socios.

Sobre el fraude de subvenciones ya citado, además de los 700.000 euros del ICAF; los reparos de Hacienda y las facturas se corresponden con otros casi 500.000 euros de la Consejería de Pesca.

Otro punto sobre la «falta de lealtad» de los administradores gira en torno a que Sainz Millán adquirió otra piscifactoría cántabra, Rodecán SL, a través de una sociedad interpuesta «siendo que ambas mercantiles tienen idéntico objeto social que Sonrionansa SL y con iguales Clasificaciones Nacionales de Actividades Económicas». Según la parte querellante, la autorización al empresario para llevar a cabo esta operación no fue aprobada por mayoría suficiente del Consejo de Administración de Sonrionansa. Este periódico ha intentado contactar sin éxito con los querellados.