El juez investiga una presunta trama de empresas cántabras para cobrar ayudas de forma irregular

Un asunto que examina el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander a instancias de la Fiscalía. Por el momento, el procedimiento cuenta con dos empresarios investigados, uno de ellos con iniciales R.D.C., por un presunto fraude de subvenciones, según confirman a El Diario fuentes judiciales. El desarrollo de la causa, penal en todo caso, se está viendo ralentizado por las diferentes huelgas que maniatan el funcionamiento ordinario en el ámbito de la Justicia, pero se espera que las primeras testificales se produzcan, como tarde, en septiembre.

El Ministerio Fiscal trasladó en enero al juzgado las diligencias practicadas a raíz de unos hechos puestos en conocimiento por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria. El Ejecutivo regional y los responsables de Sodercán se percataron de supuestas irregularidades entre algunas empresas que recibían ayudas públicas y que posteriormente se 'asociaban' con servicios y facturas supuestamente ficticias.

Es decir, una especie de entramado para cobrar de forma ilícita ayudas de la Administración. Desde la Consejería, no obstante, con el asunto judicializado, han rehusado hacer declaraciones. La prestigiosa abogada penalista Carmen Sánchez Morán representa a Industria en el proceso.

La Fiscalía de Cantabria sí que confirma a este periódico que «han existido» unas diligencias por los hechos referidos. El Ministerio Público, en este caso, sí que ha observado indicios, por lo que trasladó al juzgado el resultado de los trabajos llevados a cabo, con la correspondiente denuncia.

Está por ver ahora el desarrollo y cuerpo que coja la causa en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, puesto que los hechos trasladados desde el Gobierno de Cantabria alcanzan a muchas más compañías y empresarios que los dos inicialmente investigados por el magistrado Luis Enrique García Delgado. Una de las líneas del proceso explora si había un par de promotores y el resto eran empresas proveedoras o clientes. Esto es lo primero que se quiere dilucidar.

Tortosa hacía hincapié en su misiva en que «ya en la última sesión del Comité Ejecutivo de esta Cámara se notificó el estudio de las implicaciones sobre las ayudas que esta Cámara ha facilitado y poder personarse la Cámara en la propia causa, pues hemos facilitado ayudas públicas de diferentes programas a algunas de estas empresas. Y mi mayor preocupación es que dos de esas empresas, a las que por supuesto debemos guardar la presunción de inocencia, conforman el actual Pleno y reciben el apoyo a representar a sus sectores de la Federación del Comercio y de la CEOE».

Sin embargo, las dos compañías a las que se refiere el director cameral no se hallan, al menos por el momento, entre las dos que constan formalmente como investigadas por el magistrado García Delgado ni se les ha citado a declarar. No obstante, el devenir de las diligencias dictará si la dimensión de la causa va creciendo con el paso del tiempo y, entonces sí, nuevas organizaciones del listado aportado inicialmente por la Consejería de Industria entran de lleno en esta instrucción penal.

Entre las compañías señaladas aparece en un primer momento una ingeniería ambiental que ofrece servicios de consultoría y está radicada en la zona del Besaya. A partir de aquí, diferentes clientes y proveedores de naturaleza diversa, con algunos dedicadas al ámbito de las renovables y las nuevas fuentes energéticas; agencias de marketing; o, incluso, asociaciones de emprendedores, entre otras. Uno de los involucrados, de fuera de Cantabria, incluso habría devuelto a Sodercán las subvenciones recibidas en los últimos años.

Sobre las cuantías presuntamente sustraídas al erario público, cada expediente incluiría ayudas de varios miles de euros en general. Ahora, todo queda en manos del Juzgado, especialmente si amplía las actuaciones contra más compañías.