El juez levanta el embargo preventivo contra los responsables de Sonrionansa

El auto en que se dictaron tales actuaciones, a petición de los administradores concursales, databa de noviembre del pasado año. La cuestión es que desde entonces ha habido novedades. La más importante, Sonrionansa logró a última hora adhesiones suficientes de su masa acreedora para pactar un convenio concursal y, en consecuencia, un plan de viabilidad para la instalación de Pesués.

Como informó El Diario Montañés en febrero, esa resolución del Juzgado suponía igualmente la retirada de los administradores concursales, la mercantil Forensic Solutions SLP, y el retorno de los empresarios, que deberán rendir cuentas en sede judicial cada seis meses respecto al cumplimiento del convenio.

Con ese paso, y dada la actual legislación vigente en materia concursal, se allanaba el camino para los empresarios puesto que al no abrirse la Sección Sexta, la que determina la responsabilidad en un concurso, no encajan este tipo de iniciativas previas. En un decreto del mismo órgano judicial del pasado 26 de abril, se acuerda alzar las citadas medidas cautelares y, en consecuencia, poner fin a los embargos.

Por tanto, el siguiente paso será notificar tal actuación tanto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como a Bankia y otras entidades bancarias. A Martín Alonso, una vez el decreto sea firme, se le devolverán 50.933,15 euros.

En relación al pacto con la masa acreedora, según explicó el propio Sainz Millán en febrero a El Diario Montañés, éste no incluye quita alguna de la deuda acumulada -«unos ocho millones»- y una espera de cinco años, teniendo que empezar a cumplir los compromisos de abono al tercer ejercicio. Dos años, prácticamente tres, de carencia para que la empresa levante el vuelo en una coyuntura compleja.

El convenio salió adelante con el respaldo del 51,25% de los créditos reconocidos. El magistrado ya había deslizado sus dudas sobre que se fuese a firmar esa hoja de ruta con los afectados por la insolvencia de la piscifactoría, pero buena parte de las adhesiones llegaron el denominado 'día de gracia'. «Nos han respaldado todos los bancos y los asegurados de Crédito y Caución», destacó en su día Sainz Millán.

Quien no se sumó a la propuesta fue la Administración autonómica a través del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), que tiene reconocido un crédito de más de un millón en el concurso. Los actuales responsables tenían planteado poner en marcha varias ampliaciones de capital. Los trabajadores vienen denunciando atrasos y deterioro de las condiciones laborales.