Un juez rechaza las listas paritarias en las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Santander

Como punto de partida, los últimos comicios entre el personal funcionario del Consistorio santanderino, que UGT impugnó en marzo al entender que su lista era la única que cumplía con la mencionada paridad frente a la del resto de concurrentes: CSIF, SIEP, USO y CC OO, por lo que pedía que el resto de sindicatos subsanasen sus propuestas. En abril incluso un laudo arbitral rectificó la decisión de la Mesa electoral impugnada y retrotrajo el proceso electoral al punto de partida. Los resultados de las votaciones habían arrojado cinco delegados de CSIF, otros tantos de UGT, cuatro de SIEP, cuatro de USO y tres de CC OO.

El resto de organizaciones impugnaron dicho laudo, unas reclamaciones que se han unificado en la causa del Juzgado de lo Social nº 1 de Santander. En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, se recoge igualmente un listado con empresas privadas y administraciones públicas en las que UGT presentó listas que no cumplían la reclamada paridad. Según la resolución judicial, «el propio sindicato demandado reconoce que ha presentado simultáneamente en otros procesos sindicales candidaturas que no reúnen una composición equilibrada hombre-mujer, alegando que ello es una mera cuestión de oportunidad, no de legalidad conforme a la que se debe decidir este pleito, pero obviamente no se puede predicar al mismo tiempo la aplicación directa del artículo 14 de la Constitución Española a los efectos de exigir con carácter de obligación candidaturas equilibradas en unos casos y no en otros».

Según el magistrado Carlos de Francisco López, la «normativa analizada en el laudo no establece una obligación objetiva de presentación de candidaturas paritarias, sino usa serie de principios inspiradores o criterios generales, que deben analizarse en concurso con el confluyente derecho a la Libertad Sindical, que el laudo supedita a tales principios rectores».

UGT alegaba que dicha obligación se recoge en la Ley orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, y la Ley de Cantabria 2/2019, artículos 79 y 80. Los sindicatos demandantes esgrimían que ningún precepto legal impone la obligación de presentación de listas con una composición paritaria hombre-mujer.

En esta última línea se pronuncia el juez, al señalar que «las listas de cada una de las candidaturas que presentan se confecciona teniendo en cuenta las concretas circunstancias del sindicato y de la afiliación o de los trabajadores del centro de trabajo, dentro de la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo y derecho de igualdad de hombres y mujeres ante la Ley, pero no se les puede supeditar al cumplimiento de un requisito no impuesto legalmente porque ello afecta a su libre composición de las candidaturas teniendo en cuenta los efectivos humanos de que disponen, y por tanto el derecho a la Libertad sindical».

Sentada esta premisa, añade que «la anulación de las candidaturas solo cabría en el caso de acreditarse la existencia de una efectiva discriminación por causa de sexo, y no por incumplimiento de normas objetivas, y en el caso que nos ocupa ni se alega ni se aprecia tal discriminación».

De ahí que la sentencia tumbe el laudo dictado por la árbitro Marina Revuelta. Eso sí, deja la puerta abierta a recurrir el contenido. Primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, pero con mayor recorrido al tratarse de derechos fundamentales.

La cuestión es que en la actualidad ni siquiera las grandes organizaciones sindicales del país, CC OO y UGT, tienen a día de hoy capacidad para presentar listas paritarias en todas las empresas y administraciones donde ya cuentan con representación. Por ello, en el mundo sindical se está muy pendiente del recorrido del tema y la posible interpretación que pueda hacer la Justicia del mismo.

Consultada por El Diario Montañés, la secretaria general de la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos de UGT, Carmen Meruelo, anuncia que recurrirán la sentencia. Una resolución que, añade, «no cambia un ápice el discurso de la UGT».

La portavoz señala que «hemos planteado esta exigencia de que las listas sean paritarias como vienen siendo en todos los ámbitos de la Administración. Esto sólo afecta en las administraciones públicas», apostilla.

Meruelo reitera que UGT no solicitó la impugnación del resto de listas, «sino la subsanación» de su configuración para cumplir con la mencionada paridad. «Hemos intentado ser exquisitamente respetuosos. El laudo arbitral también es generoso, pues establece que cuando las listas no puedan ser paritarias se motive. Estamos convencidos de nuestra lucha, aunque somos conscientes de que hay una laguna en la legislación de las elecciones sindicales».

¿Podría extenderse este requisito a la empresa privada? «De momento se circunscribe a las administraciones públicas. En el Congreso está pendiente de tramitación la Ley de Paridad. Ahí me consta que se extiende a organizaciones de ámbito privado», explica. Eso sí, Meruelo insiste en que «el laudo dice que cuando no se cumpla el requisito de la paridad se motive. Hay fábricas con el 90% de hombres o sectores feminizados donde no se podrá, pero en el Ayuntamiento de Santander está claro que sí se puede», concluye.