El juez refuerza a los fondos en su pugna por el control del Grupo Celsa

El movimiento en absoluto es baladí para el futuro de la corporación que en Cantabria posee factorías como Global Steel Wire, Tycsa o Global Special Steel Products (antigua Trefilerías Quijano) en Los Corrales. La propietaria del grupo industrial, la familia Rubiralta, logró en primavera que el mismo tribunal concluyera que Celsa, debido a la excepcional situación sobrevenida por el coronavirus, no estaba obligada a cumplir con el calendario de pagos acordados y que lo que pretendían en su momento los acreedores era simplemente aprovecharse de esa coyuntura.

Sin embargo, el criterio ha cambiado ahora. Más bien por una cuestión procesal, según explicó días atrás El Confidencial, que detalló que el magistrado basa su resolución en la excepción procesal de la 'cosa juzgada', una figura legal que impide que se abra en un órgano judicial un asunto resuelto previamente por otro juez o tribunal. Estas fuentes detallan que la defensa de Celsa había presentado de forma casi simultánea varias peticiones de medidas cautelares en distintos juzgados: dos de ellas, el mismo día en sendas sedes judiciales de Barcelona -que fueron rechazadas de forma inmediata-, y la tercera, al día siguiente en el juzgado de Madrid. Consultado por este periódico, el grupo industrial ha declinado hacer valoraciones.

El matiz clave es la fuerza que cobran los fondos. Portavoces de los acreedores defendieron a El Confidencial su compromiso de volver a entablar negociaciones con la empresa y todas las partes implicadas con objeto de dar una solución viable a largo plazo para la compañía. Asimismo, interpretaban que esta última resolución también lleva a anular las medidas que afectaban al préstamo de los convertibles dictadas en octubre por 112 millones de euros.

El préstamo detonante del conflicto se suscribió en 2017 por 900 millones. La banca fue saliéndose y vendiendo su deuda a estos fondos, que ahora están a la espera de ejecutar el contrato si Celsa no cumple. El asunto llenó de preocupación las plantas nobles del Gobierno de Cantabria el pasado mes de mayo.

La organización propiedad de la familia Rubiralta presentó formalmente a finales de año su solicitud para acogerse al fondo de rescate para empresas estratégicas desplegado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La suma de la petición alcanza los 350 millones de euros.

Este mecanismo puede, precisamente, suponer un balón de oxígeno para la corporación a la hora de cumplir con sus acreedores, con pagos en mayo y octubre entre 2018 y 2022.