El tribunal rechaza la prescripción del delito fiscal de B3 Cable y juzgará si hubo apropiación indebida

Así ha arrancado en los tribunales cántabros un proceso judicial que se atisba que será farragoso, principalmente por la necesidad de contar en todo momento con un interprete que traslade las preguntas a los acusados y las respuestas de estos en español e inglés, lo que ha implicado que los interrogatorios no se puedan desarrollar de manera fluida y quejas por parte de los letrados de la defensa que incidían en que con la traducción se estaban pidiendo matices de los testimonios. Tanto es así, que incluso alguno de los abogados alentaba en su intervención inicial de la pertinencia de dejar a un lado el juicio porque, mantenía, los hechos que se imputaban no eran constitutivos de delito y en tal caso habían prescrito, y por la complejidad que iba a acarrear llevar adelante las vistas con la necesidad de un traductor.

No obstante, tras esas primeras intervenciones de las partes, la magistrada comunicaba que sí procedería a juzgar la causa. Ha negado, en base a las intervenciones de la fiscal y la Abogacía del Estado, que hubiera prescrito el delito contra la Hacienda Pública porque se notificó en el plazo de cinco años y ya había diligencias previas incoadas. Pese a que la defensa mantenía que en los primeros autos no «se cumplieron las exigencias mínimas establecidas por el Tribunal Constitucional» porque no se concretaba correspondientemente quiénes eran los investigados y los hechos puestos en tela de juicio iban «en contra de una personalidad jurídica».

El tribunal tampoco ha admitido la otra cuestión por la que los abogados solicitaban la absolución y que no se celebrase el juicio que se basaba en que no existió un delito de apropiación indebida porque «todos los accionistas estaban de acuerdo en el pago de los 6,3 millones de euros a otra empresa en la que también era accionistas». «Podía haber un delito de alzamiento de bienes pero no uno de apropiación indebida porque nadie puede perjudicarse a sí mismo», apostilló uno de los cuatro letrados en su intervención. La magistrada incidió en que «B3 Cable y Axis Ventura no se trataba de dos empresas que estuvieran conformadas al 100% por los mismos accionistas, alguno de ellos no figuraba en la sociedad que recibió el dinero». Asimismo, se trató de una transacción que, ha destacado la fiscal, «dejó muy debilitada a la empresa B3 Cable, que ya nació infracapitalizada y con ello se generó un perjuicio a los acreedores y el comienzo de un agravamiento económico que terminó en un posterior concurso de acreedores».

Tras un receso, se ha dado comienzo a los interrogatorios de los siete acusados, en la vista de este martes sólo dos de ellos subieron al estrado (el resto lo hará este miércoles). En la primera de las intervenciones ha quedado demostrado la complejidad de llevar a cabo el juicio con un intérprete trasladando cada una de la intervenciones, y la propia magistrada al frente del caso reconoció que «tal vez se debería de haber solicitado un traducción simultanea». En todo caso, las preguntas de ambas partes intentaron clarificar, entre otras cuestiones, a qué obedecía el elevado pago de 6.3 millones a Axis Ventura. Los dos interrogados han asegurado que esta sociedad fue la que estuvo detrás de toda la operación desde el principio y que fue la encargada de establecer las bases del acuerdo para la compra de la planta de Maliaño.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal duda que dicha mercantil realizase realmente ningún servicio y sostiene que los acusados participaban de ambas empresas con la intención de obtener un «ilícito beneficio». Y es que, a su juicio, todos los acusados se lucraron de esos 6,3 millones de euros, bien «en metálico o en distintos productos que en su beneficio redundaron fondos de pensiones, primas, bonos...)». Por otra parte, en lo relativo al delito de fraude –en el que también se persona como acusación la Abogacía del Estado– en 2009 la Junta General de B3 Cable aprobó las cuentas anuales del ejercicio anterior, en las que se incluía la factura por esos 6,3 millones. A continuación, la mercantil realizó la liquidación del Impuesto de Sociedades, con ello habrían defraudado a Hacienda en 508.590 euros al «deducirse gastos de esa factura que no lo son por tratarse de servicios ficticios». Por ello solicitan penas de hasta seis años de cárcel para los acusados por estos delitos y multas que van entre 1,5 y 2 millones de euros.

Este miércoles subirán al estrado el resto de los encausados. Uno de ellos es el empresario escocés Doug Barrowman, un rostro muy conocido por acumular ahora varias causas abiertas similares en los juzgados y ser marido de la política británica Michelle Mone. La jueza concedió a los investigados que se puedan ausentar para volver a su país en los siguientes días que dure el juicio. Las siguientes vistas serán el jueves y el 6, 7 y 8 de febrero.