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Intervención ha insistido a MARE, la empresa pública centrada en la gestión de los residuos y saneamiento de Cantabria, en la obligación de regularizar la situación de sus trabajadores y poner fin a la política presuntamente discrecional en cuanto al pago de sobresueldos no sujetos a derecho ... . El órgano de control de la Administración autonómica ha tenido que redoblar su orden después de que la firma regional ya fuera requerida hace año y medio tras conocerse una auditoría correspondiente al ejercicio 2017. Desde entonces no había hecho nada.
Ahora ha empezado a remitir cartas a los empleados, aunque los sindicatos intuyen que el asunto acabará judicializado, tanto porque se está efectuando la corrección de forma «arbitraria», sostiene por ejemplo SIEP; como porque hay casos en que esos emolumentos adicionales corresponden a un trabajo efectivamente realizado y no cabe la devolución, apunta CC OO. MARE está proponiendo el reintegro de un año. Según la citada auditoría, durante once años -desde 2008 hasta 2017- se habían abonado 374.004 euros de forma indebida a 58 de los 277 empleados. MARE está adscrita a la Consejería de Medio Ambiente. Con una precisión, las medidas planteadas por Intervención llegaron con el departamento bajo gestión del PSOE, en concreto de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. Ahora es el PRC, con Guillermo Blanco como consejero, el que finalmente va a ejecutar la recomendación. Por el camino los representantes de los trabajadores ya habían incluso amenazado con acciones judiciales si se seguían obviando las conclusiones de esa evaluación.
Ahora, en una comunicación trasladada al comité de empresa -CC OO, UGT, SIEP y USO- días atrás, se avanza la decisión de adecuar las nóminas tras confirmarse 95 incidencias, que pivotan en torno a subidas salariales, pluses o complementos no ajustados a convenio o contrarios a la normativa presupuestaria. Además, las pagas extraordinarias ya no incluirán conceptos retributivos que no estén recogidos en el convenio colectivo.
Los sindicatos, aún así, apuntan a la vía judicial. No por el hecho de atender, por fin, a Intervención, sino por el método elegido. Por ejemplo, desde el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) afirman que la regularización es «arbitraria», con lo que avanza que presentará un «conflicto colectivo». ¿Por qué? De entrada, sostiene la organización, la ejecución de la auditoría es «parcial», puesto que Intervención incluía más recomendaciones, como una mayor transparencia en las retribuciones e igualdad salarial, algo que a su juicio no se produce. Como ejemplo, enarbola cuadros que resumen las subidas salariales en los que se han eliminado los puestos de trabajo «para que no podamos identificar el puesto y, por tanto, el beneficiado. MARE ha funcionado como una agencia de colocación», asegura su portavoz, Inmaculada Peña.
Pero hay más. ¿En qué se basa esa supuesta arbitrariedad? Peña, que abunda en que «no tenemos acceso a las retribuciones de los puestos de trabajo», denuncia el uso de la figura del «complemento personal», de carácter individual y no por las responsabilidades asumidas. «Aquellos empleados que tienen el salario base que marca el convenio y un complemento personal mantienen esas retribuciones. Aquellos contratados antes de 2008 y que toda su retribución se recoge en el salario base es a los que les va a afectar esta regularización», reprocha la sindicalista.
Otros sindicatos, como USO, afirman que la postura «desde el primer momento ha sido la aplicación inmediata de todas las recomendaciones hechas por la Intervención en dicho informe desde el mismo momento en que la entidad tuvo conocimiento del mismo por la gravedad del asunto en cuanto a la gestión laboral de una empresa pública y en pro de una eficiente y transparente gestión de los recursos»,dice, afeando la inacción durante este tiempo.
Sobre las devoluciones, «no está de acuerdo en que se lleven a cabo sin previamente haber depurado responsabilidades de la gestión indebida».
En la reclamación de cantidades indebidamente cobradas en las empresas públicas MARE no es excepción. Una de las situaciones más extendidas se produjo en Cantur, cuando la firma que tutela el turismo de Cantabria reclamó en los juzgados las subidas salariales percibidas por algunos empleados entre 2014 y 2016 después de que se anulara el convenio suscrito en 2014. Los tribunales desestimaron las pretensiones de la Administración.
Sobre esa línea vuelve Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de CC OO. «Venimos diciendo desde que salió la auditoría que es necesario cumplir las recomendaciones de Intervención. No hacer nada ha complicado el problema, que se ha agravado», comienza.
Renedo precisa, aún así, que «el tema de los complementos es muy variopinto. No es una tabla rasa en la que todo es lo mismo y se aplique igual receta. A cada complemento van a tener que darle una solución distinta. Hay un plus personal por disponibilidad, que esta persona hacía. La auditoría dice que es ilegal, pero la trabajadora lo ha hecho. Va a pelear en el juzgado por no devolverlo», adelanta.
Por eso, desde CC OO entienden que hay que ir «caso a caso». «Hay otros casos que está claro. Por ejemplo, no había manera de subir el sueldo a una persona. Aplicaron un complemento de turnicidad, que luego no se ha llevado a cabo. Ese es fácilmente demostrable».
El asunto está de máxima actualidad. UGT se reunía ayer con sus asesores jurídicos. La Consejería aún no se ha pronunciado.
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