Maroto prepara nuevas ayudas para la gran industria tras el fiasco del estatuto

La ministra avanzó sus intenciones días atrás durante el congreso de la federación de industria (FICA) de UGT celebrado en Madrid. Maroto, de hecho, adelantó que este objetivo sería una de las principales líneas de trabajo de su cartera. Eso sí, no pormenorizó en qué consistirá este plan de acompañamiento, aunque los afectados entienden que implicará nuevos incentivos y bonificaciones para tratar de calmar a un sector soliviantado ante la ineficacia del estatuto electrointensivo, que ha beneficiado más a los pequeños y medianos usuarios que a las grandes instalaciones con mayor consumo.

Porque estas compañías habían depositado en el estatuto buena parte de sus esperanzas para recortar distancia con la competencia europea. El documento, aprobado a mediados de diciembre, no ha cumplido con las expectativas al no resultar suficientes sus propuestas y ayudar a un mayor número de beneficiarios que el previsto inicialmente, rebajando las exigencias de consumo. Como resultado, la factura de enero de la gran industria autonómica -con las nuevas medidas del estatuto ya incorporadas- ascendía a 59,78 euros por megavatio y hora. La suma suponía más del doble que lo abonado en Francia durante enero, 28,56 euros. Con quien sí que se ha recortado algo la brecha es con las compañías alemanas, aunque lejos aún de aspirar a una convergencia. Las factorías germanas intensivas en consumo eléctrico sufragaron el MWh a 35,61 euros, 14 menos que las cántabras, según datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

Ahora, el Ministerio pretende compensar al sector con este «acompañamiento» que prevé desplegar a lo largo del presente ejercicio. Fuentes del sector ya se inclinan por una reforma del propio estatuto con la idea de que pueda reorientarse hacia las necesidades de los consumidores que más anhelan estos incentivos, aunque el equilibrio es complejo frente a los actuales beneficiarios.

Desde la propia AEGE, su director general, Fernando Soto, apunta que «me parece acertado. El impacto del estatuto para las industrias electrointensivas es mínimo. Como el propio Real Decreto especifica, se espera que las medidas vayan ampliándose según quiera el Gobierno nacional», comienza.

Soto igualmente analiza otra tormenta que la industria ya otea en el horizonte. La alternativa a la interrumpibilidad, una fórmula para compensar a los grandes consumidores por desconectarse de la red en momentos de pico de demanda, suspendida el pasado junio, tiene visos de que finalmente no llegará en los plazos estimados, justo un año después de que se acabaran estos incentivos.

«Me temo que no llegamos a tiempo. Con la información que tuvimos del Ministerio de Transición Ecológica, ahora mismo están viendo los comentarios de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Todo el proceso suele llevar unos seis meses, y esto se produjo a finales de febrero, por lo que dudo mucho que podamos contar este año con este mecanismo», abunda el portavoz.

Soto va más allá. «Desde que se aprueba la Orden, el operador tiene que sacar una propuesta de subastas; que el Ejecutivo lo apruebe; luego preparar las subastas... Lleva mínimo tres o cuatro meses... Dudo mucho que antes de septiembre esté operativo», concluye.