El metal cántabro se acerca otra vez al conflicto ante el bloqueo del convenio

En una carta interna remitida la semana pasada, tanto CC OO como UGT y USO hacían un repaso del estado de las conversaciones con la patronal Pymetal. Como punto de partida, la última cita en marzo, que daba continuidad a la celebrada el 27 de febrero. En este punto, los sindicatos dejaron claro que la propuesta lanzada por Pymetal es «insuficiente y además no vamos a aceptar ningún tipo de recorte en derechos».

No sólo eso, sino que a juicio de la representación social la patronal se mantiene en la misma línea que el mes anterior, lo que ha provocado «la ruptura de las negociaciones». De ahí que CC OO, UGT y USO se reunieran en la tarde de ayer para perfilar los pasos a seguir.

En la carta ya se avanzaba que de dichos encuentros «a buen seguro» saldría una hoja de ruta cuya parada es el «inicio de movilizaciones en defensa de los intereses de todas las personas trabajadoras del sector».

De hecho, los sindicatos instan a Pymetal a negociar. Eso sí, bajo dos premisas: «Mantenimiento de todos los derechos del convenio y recuperación del poder adquisitivo perdido en el último convenio». En caso contrario, la amenaza retorna tres años después: «De no ir por esta línea, el conflicto está asegurado».

El metal cántabro siempre se ha caracterizado por su beligerancia a la hora de defender sus derechos. No obstante, el episodio de 2022, con una huelga que se extendió durante tres semanas, sobrepasó todas las previsiones.

No en vano, los piquetes en los polígonos industriales no sólo paralizaron la actividad en las pequeñas factorías, sino que igualmente la gran industria se vio golpeada por el conflicto colectivo. Al no haber industria auxiliar, los gigantes fabriles de la región no podían operar con normalidad.

Especialmente sensible fue la situación en Astander, en plena construcción del crucero de lujo Evrima, que obligó a la intervención del Ministerio de Industria y a un amplio despliegue policial para que los trabajadores de contratas pudieran acceder al recinto de El Astillero.

Una problemática, evidentemente por la revalorización salarial de aquel convenio, que sobrepasó al Gobierno cántabro y en la que también jugó un papel la estrategia política con la irrupción de Yolanda Díaz, en aquel entonces ministra de Trabajo y a las puertas de lanzar su proyecto político Sumar.

El Ministerio de Trabajo sí que envió a Santander a una mediadora profesional en la figura de la directora general de Trabajo, Verónica Martínez, que se encerró con las partes en la Delegación del Gobierno de Cantabria.

Tras una reunión de seis horas que acabó al filo de la medianoche del 21 de junio se alcanzó un preacuerdo entre las partes, ya con un tremendo desgaste por la duración de la huelga y la dificultad para hallar una salida que compensara tanto las pérdidas de las empresas como el quebranto al bolsillo de las personas que habían respaldado el paro durante tres semanas.

Ese mismo día, por la tarde, se celebró una multitudinaria asamblea en el Palacio de Festivales de Santander. No estuvo exenta de tensión, pero finalmente los partidarios del acuerdo se impusieron a los empleados que querían mantener las protestas. Ahora, el recuerdo aquel vuelve a cobrar vida.