Los mutualistas cántabros de Muface aceleran su paso a la sanidad pública

Las dudas de los últimos meses en torno al futuro de Muface y las aseguradoras que continuarían dando cobertura a los funcionarios y sus familiares adscritos a este modelo sanitario concertado han acelerado el trasvase de beneficiarios en Cantabria al sistema público. Así se concluye tras el análisis de las últimas cifras ofrecidas por la propia Mutualidad, que recogen que 7.093 personas han dado el salto a la Seguridad Social, lo que supone el 35,18% de los 20.157 mutualistas en la región.

Dicha cifra, a cierre de 2024, implica un trasvase a la sanidad pública de 847 beneficiarios en un año, que se traduce en un aumento del 13,5% en la comparativa con 2023, cuando se cerró el ejercicio con 6.246 empleados que optaban por este servicio.

De hecho, la Seguridad Social está a punto de auparse al primer puesto en cuanto a las preferencias del colectivo, tan sólo superada por Adeslas, con 7.281 clientes. Asisa cuenta con 5.529 beneficiarios; mientras que DKV mantenía la cobertura sobre 254 cántabros. Como referencia, a cierre de 2023 Adeslas tenía 7.680 beneficiarios; Asisa atendía a 5.933 trabajadores; y DKV Seguros hacia lo propio con otros 223 empleados.

Esta tendencia en favor de lo público presumiblemente se verá aún más agudizada. En total, 45.629 personas (entre titulares y beneficiarios) dejaron la sanidad concertada en los primeros días de 2025 en los que aún existían serias dudas sobre si alguna aseguradora acudiría a la licitación para el nuevo convenio. Así se desprende de las cifras que la directora de Muface, Myriam Pallarés, trasladó ayer a los sindicatos, durante la reunión del Consejo General de la mutualidad. El cambio propició que, al terminar el plazo de permutas, un 64,7% de los mutualistas esté adscrito a entidades concertadas y un 35,3% a la opción pública.

Los datos se conocen, además, en pleno debate sobre el futuro de este modelo sanitario, después de que la Airef haya recomendado al Gobierno que todos los nuevos funcionarios que vayan ingresando a la Administración pasen directamente a formar parte del INSS, tras constatar que así lo hace ya más del 70% de ellos (los de nueva incorporación).

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, que se opone frontalmente a un plan que supondría el final, aunque sea a largo plazo, del servicio. «Exigimos al Gobierno que garantice a largo plazo la viabilidad del mutualismo administrativo que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que debe recuperar la calidad perdida en la asistencia», dijeron.

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