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Un cambio en la Ley de Telecomunicaciones introducido el pasado 29 de junio merced al cual se limitan las llamadas publicitarias o con fines comerciales está detrás de la deriva financiera que vive la empresa de contact center Phone & Fun, que entrará en concurso de ... acreedores y prevé despedir a sus 321 trabajadores del centro de Santander situado en La Albericia.
Así lo confirmó ayer el consejero de Industria del Gobierno autonómico, Eduardo Arasti, consultado por El Diario. El titular de la cartera explicó que ya se había puesto en contacto con los responsables de la organización, que adeudan media nómina de agosto a los empleados y acumula más de 300 demandas por atrasos en el pago de los salarios.
Según Arasti, «el representante de la empresa en Cantabria nos ha comentado que el pasado 29 de junio entró en vigor una modificación del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones que prohibe las llamadas comerciales antes de las nueve de la mañana y después de las nueve de la noche. Estas llamadas suponen el 50% del negocio de la empresa, por lo que lo hace inviable. Según ellos, la situación no tiene solución, por lo que han presentado concurso de acreedores».
El consejero abundó en que «desde Sodercán nos hemos puesto a su entera disposición, igual que haremos con los administradores concursales».
Phone & Fun cuenta como principal cliente con Orange, que además se halla inmersa en un proceso de fusión con MásMóvil. Como adelantó el jueves El Diario en su edición web, la organización reunió al comité de empresa para trasladarle su decisión de entrar en concurso de acreedores, de modo que esperaba que la próxima semana ya estuvieran al frente los administradores nombrados por el juez.
La segunda derivada, y el final más probable según la Dirección, es el cierre del centro santanderino, lo que obligará igualmente a despedir a toda la plantilla. Serán los concursales los que deban tramitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Phone & Fun acumula más de 300 demandas de sus operadores por atrasos salariales, que superan los 1,5 millones de euros. Las primeras sentencias favorables ya estaban llegando para los interesados.
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