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En el centro del conflicto laboral que mantiene Aspla con su plantilla se halla la incertidumbre que se cierne sobre las cuentas de la organización en forma de nuevo impuesto al plástico. La Unión Europea quiere que en 2030 todas las producciones sean reutilizables o reciclables, por lo que ha exigido medidas a los estados miembro para acelerar este proceso. ¿Cómo cuáles? Un impuesto al plástico de un único uso que tendría un impacto millonario en fabricantes como el Grupo Armando Álvarez, matriz de Aspla y que entre sus diferentes filiales e instalaciones, tanto en España como su fábrica en Dallas (Estados Unidos), contabiliza un volumen agregado en el entorno de las 400.000 toneladas.
Un camino, el de la transición ecológica, con notables y loables beneficios a futuro, pero que en ese recorrido inunda de tribulaciones el corto y medio plazo de las empresas. En el caso del nuevo gravamen, planteado inicialmente como una penalización de 0,45 euros por kilo, ha obligado a Aspla y a todo el Grupo Álvarez a sacar la calculadora.
Evidentemente, no toda la producción se verá afectada, aunque el quebranto será importante, estimado inicialmente incluso en decenas de millones a nivel de toda la corporación. Bien es cierto que quedan exonerados los plásticos agrícolas, que aglutinan más de la mitad de la producción del Grupo y para los que ya se han habilitados circuitos de recogida; así como los destinados al ámbito de los medicamentos, con escaso peso en el nivel del Grupo. Las exportaciones, en su caso, se gravarán en el país de destino, si así procede.
Este argumento ya ha salido en las negociaciones que Aspla mantiene con su plantilla. Es por ello que la Dirección no quiere comprometerse a garantizar el 100% del IPC y opta por vincular a beneficios un porcentaje.
En el lado contrario, los sindicatos que integran el comité tampoco quieren ligarlo a las ganancias. Precisamente, entienden que el impuesto empeorará el resultado final de cada ejercicio a pesar del récord del año 2022 que acaba de finalizar.
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