Las oposiciones y la Justicia decidirán el futuro de 9.000 interinos en Cantabria

Las últimas sentencias europeas, los procesos selectivos y los planes de estabilización inquietan a trabajadores que llevan años como temporales

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 10 de junio 2021, 07:12 | Actualizado 07:38h.

Casi 9.000 personas que trabajan en las diferentes administraciones públicas instaladas en Cantabria se juegan su futuro en los próximos meses. El colectivo interino ... está observando cómo diferentes tribunales, el último de la propia Unión Europea, están cortando por lo sano para evitar contratos temporales que se han mantenido durante años, mientras que los diferentes procesos selectivos que pretende poner en marcha el sector público, en especial el Gobierno autonómico, igualmente llevarán a un cambio notable de los 'poseedores' en la actualidad de este tipo de plazas. Un problema que preocupa tanto a los afectados como a algunos sindicatos, caso de USO o Trabajadores Unidos, que han protagonizado diversas movilizaciones para reclamar soluciones para estos trabajadores que han venido ocupando una plaza pública durante años.

«La enmienda a la totalidad realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la política de contratación de las administraciones públicas españolas durante más de 25 años, situando en fraude de ley los contratos de cientos de miles de trabajadores interinos, deja en una situación muy comprometida tanto a los trabajadores como a las propias administraciones públicas», explican ambas organizaciones.

El problema, no por conocido deja de ser relevante. Recientemente el propio Ejecutivo cántabro remitió al Parlamento información sobre la temporalidad en sus departamentos. Empleo y Políticas Sociales mantiene una tasa de interinidad del 51,35%, es decir, uno de cada dos puestos de funcionarios no es en propiedad. Sanidad, sin contar el personal estatutario, arroja una tasa del 50,3%. Educación (44,21%): Industria (31,81%); Obras Públicas (29,77%); Ganadería (35,34%); o Presidencia y Justicia (31,11%) arrastran todas proporciones por encima de la ley y demuestran que el problema no tiene fácil solución frente a las diversas ofertas de empleo del Gobierno.

La Sanidad regional tiene más de 3.000 empleados interinos; igual que en el colectivo docente

PROBLEMA GENERALIZADO

En conjunto, la tasa de interinidad de la Administración regional es del 38,73%, esto es, 1.131 funcionarios interinos de las 2.920 plazas existentes en la actualidad.

En las otras relaciones contractuales con las administraciones, personal laboral y estatutario, la situación no es mejor, explican TU y USO. Según datos aportados por la Delegación de Gobierno de Cantabria, en el sector público sanitario (hospitales, centros de salud...) hay más de 3.000 trabajadores interinos, un 30% del total. En el sector educativo la cifra también supera los 3.000, con un 38% del conjunto de docentes. En la Administración Local, la cifra baja levemente hasta situarse en el 20%, más de 1.200 empleados en interinidad.

El cómputo de trabajadores laborales en interinidad de la Administración autonómica suma 1.449.

Rapapolvo europeo

La Comisión Europea, tras repetidas denuncias y varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la última la semana pasada que obligará a cambiar de criterio a lo dispuesto por el Tribunal Supremo en resoluciones más favorables para los actuales interinos, ha dejado claro que se trata de un gigantesco fraude de ley de Estado. De hecho, rechaza las convocatorias de estabilización aplicadas hasta ahora.

Mercedes Martínez, secretaria general de USO, sostiene que «es necesario buscar una solución general para esos trabajadores nombrados y contratados en fraude de ley, y que suponen 800.000 del total de empleados públicos, que se encuentran con un contrato o nombramiento temporal, estructural o interino. Para USO son inaceptables los procesos de consolidación que solo hablan de plazas, cuando el problema son las personas que ocupan esos puestos y que después de muchos años se vean en la calle».

Por parte de Trabajadores Unidos, su responsable, Isabel Rodríguez, subraya que «no se puede jugar así con la estabilidad laboral y mental de los trabajadores. Si en la empresa privada se resolvió hace décadas el problema de cómo terminar con el fraude de ley en la contratación, no entendemos por qué en la Administración se cambia el paso cuando se trata de los empleados públicos, y finja desconocer la manera de sancionar el abuso».