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Jesús Lastra
Santander
Lunes, 3 de agosto 2020, 07:00
En diciembre de 2010, Iberdrola ponía en funcionamiento la segunda fase del Parque de Cañoneras en Soba. Un proyecto que implicaba la incorporación de ... 17 aerogeneradores a los 21 que ya estaban en funcionamiento desde 2007. En total, una inversión de 37 millones para una potencia conjunta de 32,3 MW, lo que suponía el primer parque eólico en Cantabria. A la postre, y con el paso del tiempo, la foto fija de este tipo de energía renovable en la Comunidad, que lleva casi diez años sin desarrollar nuevos proyectos en este ámbito, condicionados por la anulación por parte de los tribunales en octubre de 2012 del Plan Eólico promovido por el Gobierno PRC-PSOE, en aquel momento en la oposición tras obtener el PP mayoría absoluta en las urnas un año antes.
Una década de sequía eólica y con una única actuación consolidada y hecha realidad entre multitud de recursos judiciales y planes fallidos –con la excepción del molino experimental que Vestas implantó en Celada Marlantes igualmente en 2010–, que va camino de cerrarse con la nueva propuesta en la que está trabajando de nuevo Iberdrola. El proyecto eólico de la sierra del Escudo, que fue sometido a información pública en noviembre de 2019 por la Delegación del Gobierno de Cantabria, ya ha superado esta fase y, más aún, la del estudio de impacto ambiental. La iniciativa, por tanto, se dirige ahora en busca de la declaración de impacto ambiental favorable para seguir manteniendo la hoja de ruta anunciada durante la presentación del proyecto, la de aspirar a comenzar con los trabajos el año próximo. La Comunidad, además, se desquitará de lleno de esta etapa en blanco frente a la proliferación de máquinas en las provincias limítrofes, dado que, por sus características, será el de mayor potencial y tamaño de la zona norte de España.
Según recuerdan desde Iberdrola, la promotora de la actuación es la compañía Biocantaber, integrada al 50% por Iberdrola Renovables Cantabria y la firma regional Ocyener 2008. El Parque se desplegará sobre los términos municipales de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo. «Se trata de la Sierra del Escudo, una de las zonas de Cantabria con mejores vientos», resaltan desde la corporación energética.
Más aún. El proyecto aún no se ha consolidado tanto para definir algunas de sus variables, pero sí se asume que el impacto económico será notable, hasta el punto de poder asegurar a fecha de hoy que será la actuación industrial más relevante de la legislatura. La inversión planteada suma 114 millones de euros, mientras que los promotores igualmente avanzan que implicará la creación de «cientos» de puestos de trabajo durante la construcción y posterior gestión de la instalación.
En este sentido, Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC) y participante del proyecto de El Escudo, señala que la tramitación estará rematada, para empezar los trabajos, «a finales del año que viene. A principios de 2021 se podría conseguir la declaración de impacto ambiental, pues tarda unos seis o siete meses. El resto de autorizaciones podrían llegar en la segunda mitad del próximo ejercicio», estima.
Valcarce igualmente recuerda «el compromiso de construcción preferente en Cantabria» en ámbitos como obra civil, transportes, ingeniería, tema eléctrico o prevención. El proyecto inicialmente incluía un aerogenerador de Vestas, aunque también se está analizando la posibilidad de que los 'molinos' puedan ser finalmente suministrados por Gamesa, de modo que igualmente se fabricarían en la factoría de Reinosa.
Los datos refrendan que el de El Escudo será el mayor parque eólico de la parte septentrional española. En total, 151,2 MW de potencia instalada a través de 36 aerogeneradores de 4,2 megavatios cada uno.
En cuanto a las dimensiones de los aerogeneradores, la longitud de las palas alcanzará los 75 metros; la altura de la torre será de 84; y la extensión del rotor de 150. En este apartado Iberdrola precisa que todos los equipos «se instalarán fuera de los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, así como de Espacios de la Red Natura 2000».
En cuanto a los efectos del proyecto, la inversión de 114 millones permitirá ofrecer suministro a 132.800 hogares al año y, en paralelo, evitará la emisión de 82.500 toneladas de CO2 por ejercicio. La infraestructura igualmente requerirá de una conexión eléctrica con una línea de 220 kv de tres kilómetros.
El proyecto, al exceder los 50 MW de potencia, está siendo tramitado desde la Administración central a través del Ministerio de Industria. Los orígenes del incipiente Parque de El Escudo hay que buscarlos en la década anterior, en lo que puede ser la unificación de otros tres proyectos de unos 50 MW cada uno –El Escuchadero, Cruz del Marqués y Peñas Gordas–, que participaron en el concurso eólico lanzado por la Comunidad en 2009 y que fue rechazado por los tribunales. A día de hoy aún quedan rescoldos judiciales de aquel fiasco en forma de recursos de casación pendientes de ventilar por el Tribunal Supremo.
Esta apuesta renovable no es la única de Iberdrola en Cantabria, puesto que la corporación que preside José Ignacio Sánchez Galán opera en la región un total de 46 MW 'limpios', entre ellos el citado Parque Eólico de Cañoneras, en Soba, el único proyecto eólico de Cantabria (32 MW de potencia instalada), así como energía minihidráulica. Igualmente, gestiona la red de distribución eléctrica en la zona oriental, desde el límite con Vizcaya hasta la localidad de Oriñón.
La evaluación ambiental del parque, junto con sus infraestructuras de evacuación, se encontraba recogida en el documento ambiental denominado Estudio de Impacto Ambiental del Parque eólico El Escudo, que salió a información pública en noviembre. Ya entonces quedó claro que la iniciativa contaba con el respaldo expreso del Ejecutivo regional. El presidente, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, saludaron la propuesta inversora asegurando que «el Gobierno tiene intención de apoyar las energías alternativas, y los proyectos eólicos lo son», pero «siempre que cumplan con la ley». Además, señalaron que el Ejecutivo también quiere «hacer las cosas lo más pronto posible para que la gente tenga certidumbre y los empresarios puedan invertir en Cantabria siempre que los proyectos cumplan con la ley».
Igualmente, prometieron diligencia administrativa en las fases ambientales, algo que había provocado fricciones entre PRC y PSOE –encargado del área la pasada legislatura– con proyectos anteriores como la ampliación de Santander Coated Solutions en el Puerto, que finalmente se llevó a León. «Todos los proyectos empresariales que vengan a Cantabria tendrán por nuestra parte la máxima celeridad que los técnicos puedan darle, porque es nuestro interés dar viabilidad cuanto antes a proyectos de energía alternativa», manifestaron.
Ese apoyo e interés institucional lo refrenda de nuevo hoy en día el consejero de Industria, Francisco Martín. «El Plenercan (Plan Energético de Cantabria) marca un horizonte para 2020 de 770 MW eólicos en Cantabria. Seguramente cuando hace más de 15 años Cantabria decidió que quería subirse al tren de las energías renovables parecía una potencia moderada. La realidad es que, hoy en día, cuando va a acabar su vigencia, tan sólo hay 36 MW instalados», arranca.
En ese sentido, el titular de Industria abunda en que «hay que mirar hacia el futuro. El Gobierno de Cantabria quiere que haya energías renovables que puedan garantizar suministro a largo plazo bajo un prisma de sostenibilidad. A este respecto, los proyectos eólicos que se están tramitando suman más de 400 MW, algunos de ellos se gestionan desde el Ejecutivo regional y otros en Madrid».
Martín pone plazos y cifras al plan de Iberdrola. «Podríamos ver el año que viene ya un parque de 150 MW construyéndose en la región. Hablamos de una inversión de más 130 millones –más que la anunciada por Ibedrola–; empleo; sostenibilidad; y tasas e ingresos para las juntas vecinales y municipios del ámbito rural y alta montaña, lo que fija población y ayuda a generar empleo. Esperemos que sea una realidad lo antes posible», concluye el consejero.
Mientras los diferentes proyectos eólicos que están tramitándose tanto en el Gobierno de Cantabria como en la Administración central siguen avanzando, otro proyecto singular de energías renovables verá la luz de forma inminente. Aunque de carácter experimental y tratándose de un prototipo a escala, la firma vasca Saitec espera instalar por fin su aerogenerador marino en el abra de El Sardinero en unos días.
De hecho, la fecha prevista es en el entorno del 7 de agosto, después de que el parón de actividad por el coronavirus igualmente trastocara los planes de la organización, que ha visto cómo, más allá de las limitaciones por el estado de alarma, ha tenido que revisar algunas piezas y componentes por esta suspesión forzosa. El aerogenerador, de hecho, lleva meses en los muelles de Astander después de haber sido construido en las instalaciones de Degima.
El programa BlueSATH gira en torno al ensayo en condiciones reales de un aerogenerador flotante a escala 1:6 de un modelo de 10 MW. Sus características técnicas, 17,45 metros de altura a 800 metros de tierra firme, con un peso de 50 toneladas y 15 metros de diámetro de rotor.
La investigación se desarrollará durante doce meses de pruebas para la validación del comportamiento dinámico de la plataforma y el análisis de su impacto ambiental. Luego se retirará.
El 75% de la contratación ha recaído en empresas cántabras y el plan ha contado con financiación europea.
Durante este tiempo de proyecto, se estudiarán los diferentes ámbitos afectados durante la construcción, instalación y operación: la huella de carbono, medio acuático, residuos, etc. También se compararán y certificarán los modelos numéricos de la fase previa de ingeniería de detalle con el fin de obtener modelos que permitan una optimización final de la estructura, reduciendo costes y verificando la integridad estructural del aerogenerador. Por otro lado, se pretenden identificar las variables que mejor pronostiquen el daño en los diferentes elementos de la estructura, de manera que se pueda predecir su vida útil a través de una serie de sensores. Además, se localizarán los posibles retos y riesgos derivados de la logística y el transporte del demostrador desde la ubicación de fabricación y ensamblaje hasta su emplazamiento de operación.
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Ana del Castillo
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